En lo que se califica como medida atinada, el gobierno provincial decidió no renovar la licitación de tres salas de juego en el interior de la provincia, mientras en otros dos casos el funcionamiento se extenderá sólo hasta marzo de 2017.
La calificación no surge de la casualidad sino del hecho de que la multiplicación de casinos en la provincia no fue acompañada por una necesaria campaña de concientización sobre los graves inconvenientes que para una persona y para muchas familias significa el juego compulsivo.
Sólo resta establecer de qué manera va a solucionarse el problema de la desocupación que podría afectar a muchos de los trabajadores de las salas que serán cerradas.
En los últimos meses Los Andes ha advertido sobre las graves consecuencias sociales que determina el funcionamiento de numerosas salas de juego, las que se habían multiplicado a lo largo y ancho de la provincia.
En ese esquema, cabría recordar que el 2 de mayo en este espacio indicamos que si bien el Casino de Mendoza cuenta con 100 años de historia, la explosión de salas de juego se produjo en octubre de 1991, cuando fue sancionada la ley que autorizó la instalación de casinos en los hoteles considerados “cinco estrellas internacional” y con un mínimo de 160 habitaciones; en centros de turismo de alta montaña y departamentos fuera del Gran Mendoza, de acuerdo con la determinación del Ejecutivo.
Según se explicó en aquel momento, el objetivo era que Mendoza ingresara en los primeros lugares del turismo internacional y para ello necesitaba contar con una hotelería acorde con esas necesidades.
Al poco tiempo no sólo funcionaban los casinos en los hoteles cinco estrellas sino que “sucursales” del Casino de Mendoza se instalaron en los departamentos, y actualmente son 15 las salas de juego distribuidas a lo largo y a lo ancho de la provincia.
“Sin embargo -decía Los Andes- en esa apertura indiscriminada las autoridades de la época parecieron no tomar conciencia de lo que el juego compulsivo genera: una estimulación del consumo, tal como señaló años atrás la titular del Plan Provincial de Adicciones.
Situación que suele profundizarse en algunos departamentos donde puede observarse a trabajadores rurales y a obreros municipales que perciben sus magros haberes y concurren de inmediato al casino, donde suelen dejar gran parte de lo percibido.
Y lo hacen por el hecho de desconocer que son víctimas de una enfermedad, la ludopatía, que consiste en un trastorno en el que la persona se ve obligada, por una urgencia psicológicamente incontrolable, a jugar en forma persistente y progresiva, afectando en forma negativa su vida personal, familiar y vocacional”.
Poco después, el 9 de junio, haciendo referencia al crecimiento patrimonial de Cristóbal López, nuestro matutino finalizaba la nota editorial indicando que “resulta indudable que el juego otorga más que jugosas ganancias a los propietarios de las salas y de los casinos. Pero hay que preguntar a costa de quiénes, y queda en claro que los afectados son aquellas miles de personas afectadas por la ludopatía que las lleva a liquidar el sueldo, la familia y muchas veces los escasos bienes que poseen para dejarlos en las mesas de juego”.
Ateniéndonos a los hechos, la decisión del Gobierno está en línea con el planteo de Los Andes, pero es necesario considerar lo que pueda ocurrir con el personal de esas salas de juego, porque los empleados no son simples números; detrás de ellos también hay una familia.
