En la Argentina, los casinos, los bingos, las máquinas tragamonedas y las salas de pasatiempos con apuestas y sorteos, han tenido un incremento poco deseable en los últimos tiempos.
La proliferación de estos establecimientos arroja datos alarmantes sobre el incremento de la ludopatía, enfermedad mental que provoca un desmedido e incontrolable afán por participar en esas aficiones, sacrificando en ocasiones patrimonios propios y familiares. Tanto es así que el propio Estado, que resolvió la instalación de las casas de juego, debe atender el problema con políticas de prevención y atención de los pacientes.
Está comprobado, por estudios en salud, que los costos sociales vinculados al abuso de entretenimientos como los descriptos ocasionan problemas graves, como los causados por las adicciones, y entre los que se cuenta la ruptura de lazos familiares.
Mendoza, de haber tenido prácticamente un solo casino, aquí en la zona Norte-centro de la provincia, en la ciudad capital, pasó a disponer casi un casino en cada departamento.
Pero, la actual administración de Gobierno ha comenzado a cerrar delegaciones de la casa central, y ya no funcionan las de La Consulta y Eugenio Bustos, en San Carlos, ni la de Uspallata, en jurisdicción de Las Heras. En esta última localidad de montaña, el edificio que había sido destinado al juego fue convertido en un centro cultural comunitario.
El anteúltimo domingo de abril cerraron sus puertas las sucursales de Tunuyán y Tupungato.
Si bien las razones para los ceses de las actividades fueron que esas sedes no habían funcionado como atractivo turístico, lo cierto es que la posición de mantenerlos porque significaban una oferta más para los visitantes de esas zonas, no resulta convincente frente a los perjuicios que el juego causa en sectores menos beneficiados económicamente de la población. Resultaba penoso ver a personas humildes desperdiciar sus magras economías en las máquinas y otras apuestas.
Por supuesto que hay observar y controlar que el Estado no se desentienda de las personas que quedaron sin empleo, para quienes deberá habilitarse los mecanismos de reubicación en otras dependencias y la jubilación para quienes cumplan los requisitos que, obviamente, serán los menos.
Sin negar que el tema laboral es el más delicado, y deberá ser cuidadosamente administrado, es plausible que las autoridades locales tomen real conciencia de las consecuencias negativas que se derivan de la excesiva oferta de juego y que no las ignoren con el pretexto de llenar las arcas estatales.
Lo que el Estado debe promover es el trabajo y la producción, el esfuerzo obrero y empresario, la capacitación laboral de los jóvenes y la promoción de las actividades culturales y deportivas.
Un país no se levanta promoviendo el juego, la timba, porque, y lamentablemente, al casino suelen ir muchas personas que lo que ganan con su trabajo legítimo lo pierden en el rodar de la ruleta.
Reiteramos, el Estado provincial y los municipios deben impulsar la capacitación laboral de los jóvenes y alentar en otros niveles las bibliotecas públicas, las acciones solidarias, las diversiones con presencia de la familia y los eventos culturales, acciones sumamente beneficiosas que no conllevan la posibilidad de los dramas y penurias que provoca el juego.
