Recientemente, en el marco de los homenajes al ex fiscal Alberto Nisman, quien hace dos años tuvo una violenta muerte en su departamento de Buenos Aires, el presidente de la Nación reclamó celeridad en la Justicia argentina y puso como ejemplo la trabada investigación del suceso que terminó con la vida del funcionario judicial a cargo del caso del atentado a la AMIA. “No puede pasar que las cosas se dilaten por décadas”, “necesitamos una Justicia más eficiente y más cercana”, fueron algunos de los conceptos salientes del titular del Poder Ejecutivo nacional refiriéndose a la marcha de las causas judiciales en nuestro país.
Obviamente, la apreciación presidencial fue en el sentido correcto, si se tiene en cuenta que hace ya casi 23 años que se produjo la voladura de la sede de la mutual judía en la ciudad de Buenos Aires sin que desde el ámbito judicial argentino haya habido una definición contundente de por qué se produjo el atentado terrorista más grave que soportó el país en su historia, tema sobre el cual trabajó durante mucho tiempo el fiscal Nisman.
Por otra parte, las dudas con respecto a si esta conmocionante muerte fue como consecuencia de un suicidio siguen en aumento, puesto que distintos testimonios y apreciaciones de personas vinculadas al extinto funcionario o relacionadas con la investigación llevan a pensar que es muy factible que haya ocurrido un asesinato; lo que desde el punto de vista político le aporta suma complejidad y trascendencia a la aún lentísima causa para determinar cómo fue la muerte.
Un gesto judicial anterior al segundo aniversario de la trágica desaparición de Nisman debería alentar a los jueces a animarse a buscar la definición de las causas de este hecho. Una sala de la Cámara de Casación porteña ordenó que sea investigada la hipótesis del fiscal en su denuncia acusatoria contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros ex funcionarios de su gobierno y dirigentes del kirchnerismo. El fallecido funcionario denunció que el gobierno argentino de entonces quiso encubrir el papel que cumplió Irán en la voladura de la mutual judía en julio de 1994.
Hasta ahora los argentinos debíamos observar atónitos que ni la denuncia contra la ex presidenta y gran parte de su gobierno ni la muerte violenta del denunciante tuviesen ningún tipo de avance en los estrados judiciales argentinos, visiblemente temerosos, y no se sabe hasta qué punto influidos, del kirchnerismo para que la lentitud de dichas causas terminara llevando al irremediable terreno del olvido a las gravísimas cuestiones de Estado contenidas.
Desde estas columnas se expresa total coincidencia con quienes desde la política, la Justicia y el periodismo sostienen que se ha perdido ya demasiado tiempo, y recursos judiciales, para investigar a la cabeza de un poder del Estado y allegados supuestamente involucrados en una acción política claramente perjudicial para los intereses de la República Argentina y, además, de familiares y allegados a las víctimas del tremendo ataque a la AMIA.
Retomando la preocupación presidencial expresada al comienzo de este artículo con respecto a la lentitud de la Justicia argentina en general, se puede acotar que esa falta de celeridad, por propia voluntad de algunos magistrados o por presión política, también demuestra una falta de aptitud y actitud para el cargo de juez que erosiona la confianza en una Justicia libre y creíble.
