A poco de cumplirse cinco años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, desde el gobierno nacional surgen planteos que ponen en duda todo lo actuado hasta el momento en lo que se refiere a la investigación de ese violento desenlace. Son planteos que preocupan, ya que el proceso de investigación para determinar por qué y de qué manera falleció el fiscal de la causa AMIA ya debería estar mucho más avanzado, si no definido, en virtud de la gravedad de la denuncia que pocos días antes de morir había formulado Nisman contra las autoridades constitucionales de aquella época.
La nueva ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic, dijo en los últimos días que el Gobierno revisará la pericia que hizo en su momento Gendarmería Nacional, que determinó que el ex fiscal fue asesinado en su departamento el 18 de enero de 2015. Mientras tanto, el presidente Alberto Fernández expresó públicamente dudas sobre el desenlace en Puerto Madero y sentenció que la conclusión de los peritos de la fuerza de seguridad, con el dictamen de asesinato, “es algo ridículo”.
El titular del Poder Ejecutivo llegó a dicha conclusión pese a que admitió que siempre fue crítico del acuerdo gubernamental con los iraníes que motivó la rigurosa actuación de Nisman.
En ese momento, Fernández no sólo no era ya funcionario nacional sino que, además, tenía un claro distanciamiento político con quien presidía el país y hoy es su vicepresidenta.
Este aporte del nuevo gobierno nacional jaquea fuertemente lo actuado en cinco años de investigación judicial, con el ya criticable retraso por tratarse de un caso conmocionante a nivel internacional y que comprometió la institucionalidad de nuestro país.
Debe recordarse que Nisman se aprestaba a denunciar, en el Congreso, irregularidades en el Memorando firmado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el de Irán respecto de la investigación del atentado a la sede de la AMIA, el 18 de julio de 1994, en la que las autoridades de ese país se vieron seriamente comprometidas.
La muerte del fiscal que denunció y acusó a la ex presidenta de la Nación, a su canciller y a otros funcionarios de aquel gobierno y allegados al kirchnerismo, de encubrimiento para favorecer a los acusados iraníes por la voladura de la AMIA, siguió conmoviendo al país entre marchas y contramarchas judiciales sin avances que permitieran a la ciudadanía conocer las reales causas del fatal desenlace. Las dudas se entremezclaron en todo este tiempo con la búsqueda de la verdad que identificó a familiares y amigos de las víctimas del atentado a la sede de la mutual judía. Por ello el informe de la Gendarmería puso alguna esperanza de claridad en medio de las tinieblas institucionales que cubrieron este caso.
Debe recordarse que en la investigación que divulgó en enero de 2015 y que se aprestaba a formalizar en el ámbito parlamentario, el fiscal fallecido apuntó directamente a lo actuado por el gobierno argentino cuando acordó con Irán un polémico memorando de entendimiento que, de acuerdo con la conclusión de Nisman, tuvo como objetivo cambiar el rumbo de las pistas investigativas del atentando criminal que dejó el saldo de 85 víctimas fatales.
Un gobierno que asegura tener la intención de tender a cerrar las tremendas diferencias entre argentinos (grieta) que en gran medida se potenciaron durante los 12 años de kirchnerismo, de ninguna manera debería buscar rever lo actuado en un caso tan conmocionante, sino buscar la forma de contribuir al total esclarecimiento y cierre de tan polémica causa.
Ante las denuncias que en su momento planteó Nisman, toda posibilidad de ratificación del asesinato compromete de alguna manera al gobierno de entonces en virtud de la cercanía con el caso que piloteaba el fiscal general de la Nación que perdió la vida.
El hecho de que por el voto popular esa corriente política haya retornado legítimamente al poder en la Argentina no debería ser motivo para la revisión de una investigación dominada por obstáculos de todo tipo.
Es válido concluir que un más ágil trámite judicial sobre lo denunciado por Nisman, más allá de su muerte violenta, hubiera permitido determinar, mucho antes del proceso electoral del año pasado, responsabilidades políticas que podrían haber derivado en otro escenario camino a las elecciones de 2019.
