El Gobierno, con la Presidenta a la cabeza, ha encontrado en la avanzada edad del magistrado la excusa perfecta para una nueva embestida a la Justicia en tiempos en los que, en cambio, Cristina Fernández debería estar organizando una ordenada y republicana retirada en virtud de la próxima finalización de su mandato presidencial sin posibilidades de reelección.
Precisamente, esa retirada busca dejar un campo minado a quien suceda a la actual conducción política del país, no sólo para neutralizar decisiones que las autoridades electas puedan pretender imponer, sino, fundamentalmente, para que el Poder Judicial, en todas sus instancias, sea más proclive al enfriamiento de causas que puedan involucrar a los responsables de los desaciertos políticos de la última década.
En la semana la avanzada contra Fayt fue muy fuerte. La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, dominada por el kirchnerismo, puso en marcha una investigación de la salud del magistrado, aun cuando no hay motivos valederos para pensar en su enjuiciamiento. Su idoneidad, conducta intachable a través de los años y antecedentes profesionales y docentes hacen del doctor Fayt un verdadero lujo para las instituciones argentinas.
En cuanto a su avanzada edad para seguir ejerciendo el cargo que ocupa, la posibilidad de plantear su alejamiento puede ser valedera, pero de ninguna manera mediante los métodos extorsivos que han venido ensayando desde el oficialismo. Un destacado periodista señaló en un artículo que dedicó a la situación política en torno a Fayt que "humillar a una persona mayor sólo por la edad que tiene -o a cualquiera por lo que sea- no parece ser un método que distinga a quienes lo aplican".
En el kirchnerismo nadie se preocupó por la salud de este miembro de la Corte durante años, hasta que la muerte en poco tiempo de dos ministros del Máximo Tribunal dejó al cuerpo con el número indispensable de miembros para poder desempeñarse.
Fue entonces cuando el Gobierno encontró el argumento justo para forzar la salida de Fayt e intentar imponer sucesores con uno o dos postulantes afines a las políticas y al pensar del oficialismo. Encima, la acertada negativa de la oposición a considerar nombramientos mientras no se produzca el cambio de gobierno incrementó la intolerancia de la Presidenta.
La citada comisión legislativa nacional que potenció la irreverente ofensiva contra el más veterano miembro de la Corte fue la misma que, el mismo día, desestimó por simple mayoría iniciativas de la oposición para investigar y eventualmente sancionar a representantes del Gobierno denunciados por irregularidades en sus funciones o por actos de corrupción que ya son ventilados en la Justicia.
Este es el caso del vicepresidente Amado Boudou, cuya permanencia en el cargo, con el consentimiento de la Presidenta, nadie entiende si se tienen en cuenta sus procesamientos judiciales y otras investigaciones por hechos irregulares que podrían acrecentar su pésimo legajo como hombre público.
Los hechos promovidos por el oficialismo en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación arrojaron dos resultados claros: intensificaron la alevosa e insostenible embestida contra la Corte pero, a la vez, pusieron en evidencia al kirchnerismo en su intención de dejar en los poderes del Estado los mecanismos que le permitan en los próximos años, sea o no gobierno el actual oficialismo a partir del 10 de diciembre, gozar de absoluta impunidad por hechos que poco tuvieron de sustento ideológico y sí muchísimo de despreciables negociados.
