En su discurso de esta semana, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, fijó una postura clara de ese tribunal con respecto a las críticas a la Justicia que viene realizando la presidenta de la Nación, que tuvieron su pico en el mensaje que la primera mandataria dio el domingo ante la Asamblea Legislativa. Entre otros conceptos que pusieron distancia ante los embates del oficialismo, el alto magistrado sostuvo enfáticamente que “es tiempo de terminar con la impunidad”.
Nada más acertado si se tiene en cuenta la crítica situación de la Argentina en cuanto a la consideración de los valores indispensables para la sana convivencia, lo que nos ha llevado a que muchos argentinos convivan indiferentemente con la corruptela enquistada tanto en los estamentos del Estado como en la propia sociedad.
En la Argentina de hoy, como fruto de muchos años de decadencia en tal sentido, se ha llegado a priorizar carencias que lógicamente afectan al ciudadano en el día a día, como los vaivenes de la economía, el dólar, la inflación y la inseguridad, problemas que son sin ninguna duda de válida consideración. Pero la impunidad ante los hechos de corrupción parece ser moneda corriente a la que de tanto en tanto, por lo general con cada cambio de ciclo político, solemos dejar de lado o en el olvido dando vuelta la página de la historia. Es decir, un preocupante acostumbramiento del cual salimos sorprendidos cuando mediciones internacionales periódicas confirman que nuestro país sigue incluido en el ranking de naciones más vinculadas con los hechos de corrupción.
Lorenzetti completó su mensaje pidiendo a los jueces no ceder ante las presiones y recordó que la Justicia es la encargada de poner límites a los demás poderes del Estado sin que ello signifique sustituir la acción de gobierno. “Los jueces no gobiernan”, enfatizó el titular de la Corte.
Esta última definición debería conducir a los magistrados judiciales a continuar buscando el esclarecimiento de las lamentables denuncias de corrupción que golpean cada vez más cerca del núcleo del poder político gobernante desde hace más de una década. Nada debería interrumpir ese reverdecer de la tarea judicial que ha llevado al Gobierno y a sus personajes aliados a descalificar a los jueces que investigan independientemente, tildándolos de opositores.
El caso emblemático que requiere celeridad judicial es el del vicepresidente Amado Boudou, cuya situación procesal está cada vez más comprometida. Junto a él marcha, en el mismo sentido, Alejandro Vandenbroele, detenido actualmente en Mendoza, quien aparece como su eventual socio y testaferro en los negocios que blanquearon la corruptela vinculada al kirchnerismo. La figura de Boudou incomoda cada vez más al oficialismo, al extremo que la Presidenta preferió no exponerlo públicamente en la reciente presentación suya ante el Congreso, derivándolo en su representación a la asunción del nuevo presidente de Uruguay, en donde no sólo no pasó inadvertido sino que también fue objeto de un abucheo reprobatorio.
La continuidad de los procesos judiciales por los gravísimos cargos que involucran a Amado Boudou y a su entorno es de suma necesidad en el actual momento por el que atraviesa nuestra maltratada vida republicana, para que la Justicia pueda mostrar su independencia y también para que el escudo protector de los fueros políticos termine de ser la excusa que lleva siempre a la dirigencia política en general a hacer uso y abuso de la buena voluntad y el esfuerzo de los argentinos.
