A mediados de 2019, previo a las elecciones primarias de agosto, integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijaron una unánime posición a favor de la independencia judicial y de su necesaria equidistancia de los poderes políticos del Estado. Los jueces supremos debieron recurrir a dicha acción porque fuentes de la por entonces oposición política sembraron dudas sobre la legitimidad de los procesos encarados por la Justicia a ex funcionarios y testaferros de los gobiernos kirchneristas vinculados a gravísimos hechos de corrupción en la función pública.
En esa misma línea, en estos días la Oficina Anticorrupción, dependiente del gobierno nacional, anunció su renuncia a la condición de querellante en las causas Los Sauces y Hotesur, en las que están acusadas la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia. Esa acción fue promovida durante la gestión presidencial que finalizó el 10 de diciembre último.
La notificación del cese de la querella fue hecha por el titular del organismo, Félix Crous, al Tribunal Oral Federal número 5, que tiene dichos casos en juicio. Crous es uno de los fundadores de la corriente Justicia Legítima, claramente alineada con el kirchnerismo y orientada a imponer su pensamiento político e ideológico en la Justicia.
Esta decisión tan polémica no sólo ha escandalizado el ámbito político, sino que se cargó de sospechas, puesto que pocos días antes la Vicepresidenta mantuvo en la residencia oficial de Olivos una extensa reunión con el presidente Alberto Fernández de la que no surgió ninguna información oficial y pocos fueron los trascendidos confiables.
El titular de la Oficina Anticorrupción, sin una postura a priori convincente, argumentó que esa dependencia nunca debió constituirse en querellante en las referidas causas y dejó trascender que la misma postura podría adoptar en otros casos resonantes que también vinculan al más influyente círculo de poder que tuvo el kirchnerismo durante la conducción del Estado.
Desde el mayor espacio de la oposición nacional, Juntos por el Cambio, se emitió un documento sugiriendo que con esta medida se consagró un supuesto pacto de impunidad sellado en el más alto nivel del poder político. Además promueven una acción judicial contra el funcionario responsable de la retirada judicial.
Este paso de la Oficina Anticorrupción, con indudable consentimiento del Gobierno, sintoniza con los lineamientos dados a conocer por el presidente Fernández desde el día de su asunción, al poner en tela de juicio la veracidad de algunas acciones interpuestas ante la Justicia Federal que terminaron con el procesamiento, juicio y prisión de ex funcionarios de su espacio partidario. Cabe apuntar en ese sentido que aún está pendiente de remisión al Congreso el proyecto de reforma judicial que anunció varias veces el titular del Ejecutivo, que promete ser una de sus acciones de gobierno más trascendentes y que, en el actual contexto, agiganta las sospechas de una clara intención de promover impunidad.
Son indefendibles los argumentos leguleyos del funcionario que retiró las querellas contra la familia Kirchner, se amparan en una supuesta vulneración de atribuciones e incumbencias del organismo a su cargo. Una postura controvertida que ante la consideración de la ciudadanía puede constituir una nueva estrategia para ocultar irregularidades y eximir a los culpables de las mismas.
