El ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, transita por ahora casi sin sobresaltos la serie de pasos institucionales para llegar a ser ministro de la Suprema Corte de la provincia.
El funcionario recibió, según información de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado, 1832 adhesiones de diferentes organizaciones -la mayoría del ámbito judicial- para que llegue a integrar el máximo tribunal, aunque también 19 impugnaciones.
Quienes avalaron la candidatura son, entre otros, el Colegio Notarial, Colegio de Abogados y Escribanos, rectores de las universidades Mendoza, Aconcagua y Congreso, secretarios generales de algunos sindicatos (como la UOCRA, Sipemom, SOEM, Utedyc, Estaciones de Servicio y Petroleros, entre otros); y otras asociaciones civiles.
Entre las justificaciones de dichas adhesiones se hace hincapié, en la mayoría de los casos, en los estudios del ministro y sus aspectos técnicos en el Derecho (es abogado con una maestría en derecho administrativo en lo económico).
Sobre este punto, Marcelo Rubio, senador del Frente Cambia Mendoza y presidente de la Comisión de LAC, puso en foco, más allá del número de adhesiones, en la "calidad" de las organizaciones -la mayoría ligadas al mundo del Derecho- que respaldan la candidatura de Garay.
No obstante, desde el sindicato de Juegos y Casinos, su titular Martín Caín informó que impugnaron la candidatura de Garay, luego de una asamblea que se realizó esta semana, en la que se votó por mayoría manifestarse en contra de la propuesta de Cornejo para la Corte.
“Tenemos una visión muy crítica del ministro porque, si bien creemos que es una persona apta en relación con sus estudios, siempre ha resuelto en perjuicio de los trabajadores. Tenemos fundamentos, como cuando resolvió modificar nuestro Convenio Colectivo de Trabajo con nuestro rechazo”, comentó el gremialista.
También fue el caso del abogado de la organización Tupac Amaru, Alfredo Guevara. Entre los fundamentos, sostuvo que "no garantiza ni independencia ni imparcialidad que requiere la Suprema Corte de Justicia respecto del gobierno de turno".
Por otro lado, Rubio recalcó que el plazo para presentar impugnaciones y adhesiones a Garay -en Mesa de Entradas de la Legislatura- vencerá esta medianoche.
Sin embargo, si bien se estimaba que el miércoles 13 sería la audiencia pública, cambió de día y será el jueves 14 a las 9.30, en el edificio anexo de la Cámara de Senadores. En tanto, el martes siguiente a la audiencia se realizará la sesión secreta de la Cámara Alta en la que los legisladores aprobarán o rechazarán el pliego.
El caso Valerio
La postulación del ex juez de la Segunda Cámara del Crimen generó polémicas con algunos partidos políticos de la oposición y también organizaciones feministas, quienes lo acusaron de plantear fallos "misóginos y machistas". Además, el pedido por una mujer en la Corte fue un tema latente a fines de 2016, cuando fue electo en el máximo tribunal de Justicia.
En aquella audiencia, Valerio sumó cientos de impugnaciones así como adhesiones. Entre las críticas estuvo la del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Incluso el abogado Lucas Gómez Portillo lo denunció ante el Jury de Enjuiciamiento (por el caso de la muerte de Lucas Carrasco).
Por el lado de los otros jueces recientes de la Corte, no tuvieron sobresaltos: Omar Palermo tuvo 150 adhesiones y ninguna impugnación; Julio Gómez, 300 adhesiones y 3 impugnaciones; y Mario Adaro, 130 adhesiones y ninguna oposición.