El blanqueo salió con límites para parientes de funcionarios

Hubo 162 votos positivos contra 76 negativos. Se aceptó prohibir el ingreso al blanqueo de capitales a funcionarios, jueces y legisladores.

El blanqueo salió con límites para parientes de funcionarios

Los cónyuges, padres e hijos menores emancipados de presidente y vice, ministros, altos funcionarios, jueces y legisladores, entre otros que quedaron excluidos, tampoco podrán acogerse al blanqueo de capitales votado ayer a la madrugada en la Cámara de Diputados.

El cambio fue introducido  en la discusión en particular artículo por artículo, a instancias de Felipe Solá, del Frente Renovador, y acordado con el oficialismo de Cambiemos que rápidamente aceptó la modificación.

La cuestión de los altos funcionarios, legisladores y jueces -ya excluidos en el dictamen a instancia de los radicales- y de sus familiares cercanos fue una de las polémicas del blanqueo.

Por iniciativa del Pro, a último momento se incluyeron entre las exclusiones a los diputados del Parlasur, tras la escandalosa detención de uno de ellos, José López, con una valija repleta de dinero, y debido también a que otra de las electas por la lista K, Milagro Sala, se encuentra presa desde enero por presunto fraude y enriquecimiento ilícito.

No todos quedaron conformes. Julio Raffo, también del FR, pidió sin éxito que la exclusión fuera para “cónyuge o conviviente”. De hecho, la Ley de Etica Pública, por ejemplo, contempla su equiparación con la del cónyuge para las declaraciones juradas de las personas alcanzadas.

Y el kirchnerista Axel Kicillof insistió en la postura de su bloque de que la exclusión llegara a los parientes hasta “cuarto grado de consanguinidad o afinidad ascendente o descendente”. El FpV suele machacar en la figura del empresario de la construcción Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.

Tampoco quedaron excluidos como reclamó el FpV -y en este punto coincidió con planteos previos de Elisa Carrió- los contratistas del Estado.

De esta manera, la alianza oficialista Cambiemos consiguió la media sanción del megaproyecto de blanqueo de capitales y el pago a los jubilados, enviada por el Ejecutivo, tras un acuerdo político con el Frente Renovador y el bloque Justicialista.

En una sesión maratónica que duró casi 17 horas, el proyecto de ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y de blanqueo de capitales se aprobó con 162 votos positivos, 76 negativos y tres abstenciones que correspondieron a los representantes de Libres del Sur.

La iniciativa promueve el pago de sentencias y reajustes por haberes mal liquidados a los jubilados, que según lo sostenido por el Gobierno será financiado con los fondos que ingresen por el blanqueo de capitales, y la creación de la pensión universal para la vejez para mayores de 65 años.

Además, ratifica el acuerdo firmado con las provincias para la devolución del 15 por ciento de la coparticipación que desde 1992 se retenía para financiar el sistema previsional.

En el inicio del debate, el massista y presidente de la comisión de Previsión Social, Héctor Daer, pidió “no retroceder a la noche negra de las AFJP” e insistió en “dejar bien en claro en este recinto y comprometernos todos a (ir hacia) un sistema universal, solidario, sustentable, público y de reparto”.

Por su parte, el macrista Luciano Laspina, titular de la comisión de Presupuesto, defendió el proyecto de pago a los jubilados y destacó “la necesidad de sancionar esta ley para reparar una deuda histórica con más de 2,5 millones de jubilados”.

Diferente fue la opinión del ex ministro de Economía Axel Kicillof (FpV), quien advirtió que el megaproyecto “es invotable” y aseguró que “no se necesita ley” para realizar los cambios que se proponen.

El misionero Maurice Closs, quien abandonó el FpV, decidió acompañar la propuesta del oficialismo amparándose en una cuestión de “gobernabilidad” y resaltó los beneficios que tiene la ley para las provincias “como la recomposición de sus cajas previsionales”.

La jefa del GEN, Margarita Stolbizer, expresó que "terminamos votando una iniciativa buena, como es el pago a jubilados, pero que esconde una iniciativa mala, como es la del blanqueo".

La ley establece la declaración de la emergencia en litigiosidad previsional que permitirá al Ejecutivo firmar acuerdos con los jubilados para pagarle los juicios y también se prevé la actualización de los haberes.

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