El barrabrava Mauro Martín, uno de los jefes de La Doce, seguirá sin poder ingresar a las canchas al rechazar la Justicia una medida cautelar que impuso para poder volver a las tribunas.
Según un fallo al que accedió DyN, la jueza en lo contencioso administrativo Rita Aylan rechazo la cautelar que promovió el barrabrava contra la decisiones del Ministerio de Seguridad que le había aplicado el derecho de admisión.
El barra de Boca aludió a un "ejercicio abusivo de la aplicación del derecho de admisión" que deriva de la disposición N 1, dictada por la Dirección Nacional de Seguridad, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, por la cual se le aplicó la "restricción de concurrencia administrativa" por el lapso de 24 meses.
Martín consideró en su reclamo que "se encuentra afectada su libertad individual, el derecho de acceder al club del cual es socio, el principio de inocencia, legalidad, y defensa en juicio, remarcando la ilegalidad y arbitrariedad de la restricción que se le impuso".
Pero el Ministerio de Seguridad de la Nación defendió su posición y pidió desestimar el planteo en base al "resguardar y garantizar la seguridad pública en los espectáculos futbolísticos y, apoyándose en los antecedentes penales" del barrabrava.
Y resalto que "la prohibición de concurrencia a los espectáculos futbolísticos no es una pena, sino una restricción de carácter administrativa que ha sido impuesta en ejercicio del poder de policía ejercido por el Poder Ejecutivo Nacional".
"Independientemente de indicar que el objeto de la medida cautelar solicitada en autos consistente en que se suspenda dicha restricción, coincide con el objeto de la acción de fondo, no corresponde el dictado de una medida cautelar al respecto, ya que el proceso quedaría vacío de contenido al satisfacerse por medio de la cautelar el objeto de la pretensión de fondo", dijo la jueza.
En ese marco la jueza sostuvo que la cuestión debía resolverse cuando se analizara el fondo de la cuestión.
"Es del caso señalar que nos encontramos frente al obrar estatal cuyo acto administrativo goza, en principio, de presunción de legitimidad, y genera una importante incidencia en el bien público que se busca tutelar", agregó.
