En estos días se cumple el primer año de gestión al frente de YPF del directorio de "notables" propuesto por el gobierno de Cambiemos y, tal como ordena la ley, se ha dado a conocer el balance de la empresa, de cual surgen claroscuros e interrogantes. El primero se relaciona con el préstamo por U$S 140 millones - casi $ 2.250 millones- que la sobreendeudada YPF le otorgó a Pampa Energía SA, de Marcelo Mindllin, amigo de Mauricio Macri y socio del británico Joe Lewis, cuyas empresas a su vez generan y controlan el 8% de la producción de energía en el país.
Por estos motivos es más que necesario que el directorio amplíe las explicaciones más allá de las brindadas hasta el momento, para evitar caer en la sospecha de que se trataría de -cuando menos - favoritismo hacia los negocios de los amigos del poder.
Este hecho no puede menos que traer a la memoria aquel préstamo de YPF a Repsol por 4.000 millones de pesos, que hizo sonrojar al mismo Antonio Brufau, el español que presidía ambas empresas, ante el pedido de explicaciones por parte de un accionista en la Asamblea anual de YPF en 2007. Lamentablemente, luego se supo que tal préstamo fue una maniobra más dentro del entramado delictual del llamado "vaciamiento de YPF".
Más preocupante es que, ya durante la actual gestión, YPF informó pérdidas por $ 28.000 millones, luego de 20 años que la empresa reportara millonarias ganancias. Tales pérdidas encuentran fundamento, según reporta el balance, por el deterioro de activos (propiedades, plantas y equipos) valorizados en $ 36.200 millones. Dato curioso si se recuerda que hace menos de 2 años el Tribunal de Tasaciones de la Nación valuó los activos de la empresa en U$S 12 mil millones en ocasión fijar el valor de la misma, para pagarle a Repsol más de U$S 5 mil millones por la expropiación del 51% sus acciones. Esta controvertida tasación que derivó en sendas denuncias penales fue férreamente defendida ante el Congreso por el tándem Kicillof, Zannini y Galuccio. Respecto a este último, hace pocos días se supo que cobró unos U$S 80 millones por regentar la YPF nacional y popular de los K.
No hay dudas de la conveniencia de que la primera empresa del país sincere sus estados contables y que éstos reflejen su real situación patrimonial, siempre y cuando que tal sinceramiento no pretenda ocultar lo que sucedió en las gestiones anteriores a cargo de Repsol, los Eskenazi y los funcionarios K, acusadas de vaciamiento, y de Galuccio y Kicillof, acusadas de encubrimiento, y ambas, de incurrir en las ilegales prácticas de "contabilidad creativa".
Pese a ello, una descarada turba de congresistas del FPV con Recalde y Kicillof a la cabeza, tienen el tupé de acusar al gobierno de Macri de pretender vaciar YPF para privatizarla, cuando fueron ellos quienes la privatizaron y la vaciaron sin miramiento.
En esta secuencia de situaciones poco claras, podría enmarcarse el derrotero del contador Gustavo Gutiérrez, nombrado síndico de YPF a instancias de la diputada Elisa Carrió, quien debió retirarse de la empresa a los pocos meses de su incorporación, por no poder acceder a la documentación indispensable para trabajar libremente en las funciones de auditoría que le exigía el cargo. Más grave aún fue que en su lugar se designó a la contadora Silvana Lagrosa, quien ya había sido síndico de la empresa en 2008/2011 durante la gestión de los Eskenazi, lo que le valió ser denunciada por Carrió como cómplice en el vaciamiento de YPF. Paradójicamente, mientras el contador Gutiérrez prefirió dar un paso al costado para no convalidar estas maniobras sospechosas, Lagrosa volvió para hacerse cargo de revisar aquello de lo que se la acusa.
Debe saber el directorio de notables que el prudente silencio en relación al saqueo a YPF, aún en el benevolente afán de preservar el valor de la empresa, los coloca en la antesala de la complicidad y el encubrimiento, penado por la ley y por la ética republicana, además de implicar a la alianza Cambiemos, en el entramado fraudulento desplegado en YPF por parte de Repsol, los Eskenazi y Kirchner.
El país vive tiempos de cambio motivados por la exigencia ciudadana de mayor transparencia, y es por ello que el actual directorio de YPF deberá extremar los recaudos para no repetir la fallida experiencia de empresas petroleras donde el Estado es socio mayoritario, como Pemex en México, Pdvsa en Venezuela, Petronas en Malasia o la influencia que tuvo el escándalo de los sobornos de Petrobras en la caída de Dilma Rousseff de Brasil.
Las opiniones vertidas en este espacio no necesariamente coinciden con la línea editorial de Los Andes.
