En nuestra edición de lunes 7 del corriente, una amplia nota advierte acerca del avance de las áreas urbanas sobre las tierras de cultivo en el Gran Mendoza. Es conveniente aclarar que cuando se habla de tierras de cultivo, el Departamento General de Irrigación (DGI) considera parcela rural a aquella que tiene derecho de riego empadronado en ese organismo. Esto implica que quedan fuera de las áreas de avance de la urbanización a los que se realizan sobre terrenos sin derecho de riego o de secano como se lo denomina técnicamente y también sobre parcelas cuya situación legal es informal o confusa.
La nota basada en un informe del DGI y de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial (APOT), está orientada a que existiría el propósito, en esferas del gobierno, de limitar y ordenar un proceso que se considera que se ha realizado en forma desordenada y sin control. Igualmente, según declaraciones de funcionarios del DGI la finalidad es preservar esas tierras de cultivo, en particular de pequeños productores a quienes juzgan desprotegidos y, empujados por la falta de incentivos, vender las tierras para urbanización.
Sin duda que tanto los hechos señalados en la nota y en el informe son preocupantes y compartido por muchas personas el objetivo de preservar las tierras cultivables. Ello obliga a efectuar varias consideraciones al respecto, a fin de deslindar responsabilidades, tener claro por qué y cómo se ha llegado hasta aquí y, con criterio realista, qué se puede hacer hacia el futuro inmediato y mediato.
Un primer asunto es apuntar a las causas y modos de avance de la urbanización sobre las zonas rurales, que no se limita al área del gran Mendoza sino a todos los departamentos de la provincia, fenómeno que no comenzó ayer sino que lleva décadas a pesar de las advertencias sobre sus consecuencias negativas. Es obvio que la causa principal es el crecimiento de la población y el desplazamiento de la población rural hacia los centros urbanos. Los primeros avances importantes sobre las parcelas rurales fueron realizados en los años 60/70 del siglo XX por políticas de viviendas impulsadas por los gobiernos a través de los sindicatos o cooperativas de viviendas organizados por ellos. Para “abaratar” los costos de construcción se compraban propiedades rurales, se loteaban y urbanizaban, casi siempre carentes de servicios como cloacas, pavimentos, comunicaciones. Si bien para los compradores “abarataban” costos, no faltaron muy buenos negocios para los vendedores, operaciones casi siempre “orientadas” por dependencias y funcionarios públicos, de quienes dependían las autorizaciones de loteos pertinentes.
Cuando este proceso se intensificó en los años mencionados, el Gran Mendoza, hoy denominado Área Metropolitana (AM), comprendía la Capital, Godoy Cruz, Las Heras y Guaymallén. Maipú y Luján no eran parte del AM, separadas entonces por extensas parcelas rurales.
oy pasaron a integrar el AM, cuya extensión ronda en algo más de 90.000 has. De éstas más de 60.000 se incrementaron entre mediados de los `80 y 2008 y unas 11.000 hasta 2010, según datos del DGI. La mayor pérdida de parcelas rurales la encabeza Luján, seguida por Guaymallén, Maipú y Las Heras. Dos datos ilustran claramente los ocurrido: en 1970, la población de Mendoza era de 973.000 habitantes y en el AM vivían 477.000; en 2010 la población era de 1.738.000 habitantes y el AM tenía 1.186.000; la primera en 40 años creció 78%, la segunda 148%.
Es evidente que el avance de la urbanización se ha agudizado desde 2010 hasta ahora, como puede comprobar cualquier persona que recorra los departamentos del gran Mendoza y de toda la provincia, con el enorme crecimiento de los denominados “barrios cerrados”, “barrios privados” o “condominios”. La provincia aprobó una ley de uso del suelo en 2009, que no ha sido aún reglamentada, ni aplicada, por lo que surge de los datos de avance de las urbanizaciones en forma “desordenada” y “sin control” como dice el informe aludido en la nota de nuestro diario.
