El avance de la urbanización sobre tierras de cultivo (II)

En la primera parte de esta nota tratamos algunos de los aspectos relevantes del fenómeno de avance de la urbanización sobre las tierras de cultivos con derecho de riego. Sin duda que se trata de un problema que nuestra provincia no ha sabido, hasta ahora, encontrarle un manejo que resulte satisfactorio para el bien común de la sociedad. Nos preguntábamos sobre quiénes han sido los responsables de este proceso que el propio informe califica de desordenado y sin control. Sin duda son varias dependencias del Estado y sus funcionarios ya que resulta casi una obviedad que no es posible transformar una parcela rural en una urbana sin intervención de alguna autoridad pública. Incluso la división de una propiedad rural o urbana por herencia, venta, donación o lo que fuere, también exige la intervención de autoridades del Instituto Provincial de la Vivienda, Catastro, Irrigación, municipales. Es ilustrativo el informe cuando reconoce que “debido a las subdivisiones parcelarias que se presentan en las zonas periféricas y muchas veces con fines de recaudación inmobiliaria, los municipios han ido actualizando sus zonificaciones pasando áreas rurales a urbanas”.

En primer lugar han sido y son los municipios los mayores responsables del fenómeno que analizamos, sea por aplicación de la legislación de loteos o por las diversas formas de elusión de la misma (condominios, barrios privados). Algunos casos pueden ser antológicos, como Maipú, donde se han perdido miles de hectáreas de las mejores tierras para cultivos de viñedos de altísima calidad.

No debe dejarse de mencionar que parte importante de la responsabilidad de la pérdida de tierras con riego, aptas para cultivos, han sido consecuencia de la legislación vigente sobre herencia y sucesiones. Engorrosas, conflictivas y onerosas, que han impedido la supervivencia de superficies aptas y estimulado el minifundio, primer paso a la urbanización. Pero también hay un factor cultural, nada despreciable, que entristece a quienes aman esa bella conformación rural que Mendoza ha ido perdiendo irremediablemente: la falta de amor y apego a la tierra heredada. La combinación de estos factores ha dado como consecuencia un proceso de uso del suelo carente de racionalidad económica y que hoy pagamos todos.

Otro interrogante muy preocupante que surge del informe es lo que ocurre con el agua de riego. No es necesario hablar de la importancia del recurso más vital para la vida humana y el más escaso en nuestro territorio provincial. La discusión por el agua es tema permanente e ineludible. Llama la atención un párrafo del informe del DGI que expresa que las denominadas “parcelas extraídas”, es decir aquellas que pasaron de uso agrícola a urbano, “conservan el derecho de riego empadronado en irrigación y merecen ser estudiadas en forma particular sobre todo por el DGI”. Más allá de lo que establezca la legislación vigente parece de sentido común que ese derecho de riego caduque si la tierra dejó de usarse para cultivos. Cabe entonces preguntarse a dónde ha ido a parar el agua, quiénes la usan y para qué. A esto debe agregarse que la urbanización desordenada ha producido un severo deterioro de la eficiencia de la red de riego.

Finalmente lo importante frente al estropicio realizado es tratar de que no siga adelante, detenerlo, orientar las cosas hacia la preservación de las parcelas con riego, recuperar las que se puedan. Para ello hay que emplear instrumentos económicos, encarecer fuertemente la urbanización, y estimular su uso agrícola. Las acciones que se pueden hacer son numerosas, comenzando por dar seguridad a las personas y los bienes, eliminar todos los impuestos que graven la producción de esas propiedades, incluidas las cargas laborales, colaborar para blanquear la situación legal de los predios (sucesiones, traspasos no legalizados). Dar fuertes incentivos para que los pequeños propietarios minifundistas puedan agruparse, asociarse para alcanzar escalas productivas rentables. Facilitar recursos para mejorar las viviendas rurales, llevar servicios de agua potable, electricidad y gas; llevar servicios de TV e Internet, mejorar los caminos. Dar asistencia técnica a los productores. En definitiva: hacer que vivir y trabajar en un predio rural sea un placer, no un suplicio.