Desde la remota antigüedad, hacer vino fue considerado un arte, patrimonio de elegidos, concepto que se transmitió de generación en generación.
Hoy día, con los avances de la tecnología y de la ciencia, y políticas inadecuadas, se ha convertido en una actividad de alto riesgo.
La realidad, ha producido preocupación e inquietud a profesionales y empresarios del medio, entre ellos a los autores de esta nota, comprometidos profesional y espiritualmente, durante décadas con la actividad vitivinícola.
Una problemática actual, resultante del avance incesante de la tecnología y la ciencia, es acertar en la búsqueda de soluciones armónicas con las normas jurídicas, en las que se sustenta el orden social y político de la comunidad, enfrentados a veces con conflictos de difícil solución, porque es un objetivo del poder público, equilibrar los intereses privados con el bien común.
Lo que no debe dejarse de tener en cuenta, es que en un Estado de Derecho, con organización política constitucional, los derechos y garantías consagrados en este sistema y en Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos, es que los derechos y garantías reconocidos a los ciudadanos, constituyen un límite infranqueable, frente a esos avances de la Ciencia y la Tecnología. Esos derechos, que se obtuvieron después de siglos de autoritarismo y sometimiento, deben ser privilegiados en la escala de valores, y considerados prioritariamente.
La reflexión precedente, viene a propósito de la oficialización por parte del Instituto Nacional de Vitivinicultura (I.N.V.), del Método de la "determinación isotópica del agua contenida en vinos", por medio del Espectrómetro de Masas, cuya aplicación práctica por dicho organismo, en la fiscalización de los establecimientos vitivinícolas, está produciendo situaciones sumamente gravosas, económicamente, por las sanciones aplicadas, motivando un clima de inquietud y zozobra, en los medios profesionales (Enólogos e Ingenieros Agrónomos) e industriales de la Vitivinicultura, por la falta de seguridad jurídica.
Es de señalar, que no sólo es preocupante la cuantía de las sanciones dinerarias aplicadas, por el INV, tarifadas por una ley excesivamente represiva (Ley de Vinos N° 14.878 sancionada en el año 1959), en base al litraje comprometido en el procedimiento, que en casos ha superado el monto de $500.000 (en plena crisis), inhabilitación del enólogo por el término de 6 meses, e intervención y derrame de los productos, sanciones inusuales en la industria alimentaria nacional, sino también por la imprecisión del marco procesal, previsto en la aplicación de ese método de análisis, impropio y difícil de aceptar, en un Estado de Derecho, que aumentan la discrecionalidad del organismo de control y colocan al ciudadano en absoluta y total indefensión.
Los autores de esta nota, comparten fundamentos de los estudiosos del Derecho Público, entendiendo que tal derecho no debe ser de "imposición", sino de "equilibrio", entre los intereses privados y públicos.
Advierten, que en el conflicto suscitado, ha producido, una fractura de ese equilibrio, incurriéndose en una contradicción con los fines perseguidos de defender el interés público, porque indudablemente forma parte del interés público el desenvolvimiento normal, y crecimiento de la actividad económica propia del sector vitivinícola.
Según informaciones suministradas por los medios de comunicación, comentando el cese de actividad en el país, de más de un centenar de establecimientos vitivinícolas en los últimos años, que quedaron en el camino por no poder superar la crisis del sector, atribuible a la inflación e incapacidad financiera y por qué no, a la desesperanza que producen políticas inadecuadas e inoportunas, para el sector.
Es un llamado de atención, que las autoridades no pueden desoír, porque de seguir así, terminaremos por abastecer el mercado argentino, con productos vínicos provenientes del vecino país, que opera con mayor libertad y menores costos (un reciente artículo periodístico habla de un 84% menos).
No se trata de un problema, que requiera la urgente utilización de esa tecnología, de modo que la prudencia, la razonabilidad, debe prevalecer, y las autoridades administrativas, deberían convocar a una mesa de diálogo, a profesionales y entidades representativas de la industria vitivinícola, para analizar en profundidad la problemática originada, por la aplicación de un método de análisis inaccesible por diversas causas al administrado, ínterin suspender procedimientos que incrementan la litigiosidad en el sector.
