El caso de las motos tratado en la nota de referencia es más que elocuente. Para los vehículos de menor precio, unos $16.000, el costo para "ponerlo en la calle" asciende a $4.000, cifra que equivale nada menos que al 25% del valor del bien adquirido. Este costo se compone de patentamiento y una larga serie de trámites todos onerosos, tales como certificación de firmas, expedición de tarjeta verde y azul, el arancel inicial de inscripción, el más caro. Este arancel varía en relación a la cilindrada y procedencia de la moto, que para el rango menor (105 a 250 cm3) es una tasa del 1,5% del valor del vehículo.
Curiosamente este porcentaje está reglamentado por un organismo bastante oscuro, la Dirección Nacional de Registro del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), largo nombre que en el negocio del automotor se conoce simplemente como "el Registro". Este organismo establece un monto mínimo a pagar para la categoría mínima de $1.350, de manera que por "arte de magia" el 1,5% se transforma en el 8,4%. Para la transferencia de los vehículos usados el mecanismo es similar, solo que las alícuotas no se aplican sobre el precio de venta, sino sobre la valuación que realiza la DNRPA, normalmente un valor más alto que el transado y por lo tanto los costos de transferencia porcentualmente pueden ser más altos.
Es de suponer que toda esta costosa burocracia, pública y privada, tiene por finalidad garantizar los derechos de propiedad, desalentar el robo, evitar la existencia de mercados negros. Pero en la realidad eso no ocurre y en el caso de las motos usadas existe la práctica "la quiere con papeles o sin papeles".
Pero el caso que hemos detallado de altos costos de transferencia de ciertos bienes puede extenderse a muchos otros. El de los automotores es similar, el costo de transferencia de un vehículo nuevo ronda el 8% del precio de venta. Es conocida la situación existente de miles de automotores usados donde la transferencia no es completada, el vendedor que firmó los papeles correspondientes, a la vuelta de los años puede encontrase ante la desagradable sorpresa de tener que afrontar gastos de impuestos y peor aún de accidentes.
Los altos costos en las transferencias de la propiedad inmobiliaria rondan entre el 8/10% de valor de escrituración, valor cuyo mínimo se ha establecido en tres veces el del avalúo fiscal del inmueble. Situación aún más compleja y costosa se presenta a la hora de realizar una sucesión de una propiedad. Eso explica los numerosos inmuebles cerrados, a veces en estado de abandono, y la enorme cantidad de usurpaciones y ocupaciones ilegales de los mismos. Debe tenerse en cuenta que en estos altos costos de transferencia nunca se computa la cantidad de horas perdidas de los interesados que realizan los trámites en forma gratuita, ya que otros cobran muy bien por realizarlos. Tampoco hace falta señalar que los más perjudicados por estas situaciones son siempre los que menos recursos tienen porque en el otro extremo pocos se molestan por estos costos y sus efectos.
Surge de los ejemplos expuestos y de muchos otros que podrán agregarse, que son el resultado de las copiosas, muchas veces innecesarias, regulaciones del Estado; por voracidad fiscal siempre y para beneficio de corporaciones que han sabido obtener esos privilegios favorables.
Además, desde hace décadas el famoso Registro de Automotor ha sido, y es, un preciado botín de los gobiernos de turno para sus amigos políticos y especialmente familiares. Este tema da para mucho más, pero conviene destacar que el costoso y a veces perverso sistema de transferencias de bienes, es unos los obstáculos para el buen funcionamiento de una economía de mercado y para la protección de la propiedad privada.
