Garantiza condiciones de salubridad mínimas que ayudan a las personas a crecer y desarrollarse en condiciones humanamente dignas.
Por eso, el esfuerzo realizado por la Provincia, los municipios y, en muchos casos, cooperativas y uniones vecinales para llegar con redes de agua y de cloacas a los rincones más alejados de los centros urbanos, pone de manifiesto una conciencia comunitaria que, a veces, no es compartida por los habitantes de los centros urbanos que disfrutan de estos servicios desde hace mucho tiempo.
Utilizando principalmente el Fondo Federal Solidario (soja), los fondos del Enhosa y también mancomunando el esfuerzo de vecinos que compran los materiales y municipios que ponen la mano de obra, se han realizado obras que constituyen una de las acciones de gobierno más importantes de los últimos años en materia de inclusión, igualdad de oportunidades y redistribución de la renta.
Solamente en el municipio de San Rafael, se han efectuado en los últimos diez años más de 150.000 metros de redes de agua y en la ciudad se pasó de una cobertura de cloacas del 53% al 97%.
Llama la atención el progresismo que en esta materia une a vecinos y funcionarios, y el buen funcionamiento de muchas cooperativas que realizan una distribución del agua absolutamente racional, con servicio medido, cobrando una tarifa básica por debajo de cierto consumo y creciente a medida que el consumo aumenta.
Muchas de estas cooperativas pueden exhibir un envidiable equilibrio entre ingresos y gastos, generando además excedentes que permiten el buen mantenimiento de instalaciones y el cambio de equipos y bombas, sin sufrir problemas financieros.
El EPAS. Creado a partir de mediados de los noventa, dentro de un modelo de concesión de servicios públicos, el esquema planteado por la Ley 6044/93 y el Decreto 911/95 responde a un modelo que no ha sido remplazado y sí emparchado muchas veces.
Con la concesión del servicio de distribución de agua y la existencia de pequeños prestadores privados, el organismo tenía la tarea de proteger a los usuarios; analizar y autorizar los cambios de tarifas que luego debía aprobar el Estado; controlar las inversiones que debía hacer el operador privado y preservar la calidad del servicio, entre otros fines.
Básicamente su deber consistía en defender al usuario frente a la empresa privada y monopólica.
Para desarrollar esta tarea, los organismos de control debían ser “eminentemente técnicos e independientes”, atributos que desde su creación se vienen degradando.
Cuando se determina la creación de Aysam Sapem, expulsando a la francesa SAUR de la concesión del servicio, culpándola de falta de inversiones y del estado calamitoso del sistema de distribución de agua potable, faltó un sincero análisis de la actuación del Estado provincial y del EPAS que, por un lado, no le autorizaba incrementos de tarifas pero tampoco controlaba las inversiones necesarias.
Cargadas todas las culpas en la empresa privada, se crea Aysam Sapem, como empresa del Estado provincial, como solución a todos los problemas del servicio pero, simultáneamente, se mantiene el ente regulador EPAS.
No dudo que debe realizar muchas tareas importantes pero es un organismo que responde a otro modelo. Cambiado el modelo de concesión del servicio a la empresa privada, debería cambiarse también de mecanismo de control.
El régimen de emergencia vigente permite obviar los pasos necesarios para autorizar los aumentos de tarifa. El organismo de control aparece así desdibujado en sus atribuciones y en su labor de defensa del consumidor.
He solicitado, sin éxito, que se remitan al Senado los informes previstos en el Art. 4, inciso 10 de la Ley 6044, el que se refiere a responsabilidades del EPAS, disponiendo: “Elaborar un informe anual sobre sus actividades y resultados para elevarlo al Poder Ejecutivo y a la Honorable Legislatura Provincial”, de manera de poder evaluar si se justifica mantener este organismo de control, con cinco directores puestos por la política que terminan respondiendo al Estado provincial o crear dentro de la empresa estatal una división técnica que realice la misma labor, con la misma subordinación pero con un costo sensiblemente menor.
La tarifa. Es una verdad objetiva que una empresa prestadora de servicios debe contar con una tarifa que le permita, no sólo afrontar sus costos operativos sino, además, todos los costos económicos que implican mantener las instalaciones, reponer la infraestructura obsoleta, incorporar mejoras tecnológicas y contemplar el costo de expansión de los servicios.
Mantener una tarifa artificialmente baja es un acto de demagogia que condena a la empresa a la quiebra sin ningún beneficio para el usuario, beneficiando a los sectores de más poder adquisitivo y sin ningún incentivo para el uso racional del agua.
Aumentar la tarifa en forma generalizada, sin un plan para hacerla más equitativa, es injusto.
Subsidiar la empresa sin cambiar el esquema tarifario, para que los sectores de mayor poder adquisitivo puedan llenar sus piscinas, es todavía más injusto.
Determinados los costos con objetividad técnica, es posible diseñar una tarifa basada fundamentalmente en la medición del consumo, el tipo de usuario, diferenciada para los distintos sectores de la ciudad en base a su capacidad de contributiva, y que promueva el uso racional del agua.
Además, pueden establecerse subsidios explícitos para aquellos sectores más postergados de la sociedad, dada la importancia de llegar a todos los hogares con este servicio.
Lo que faltaría, luego de un cálculo objetivo y profesional de la tarifa necesaria, es convalidarla, porque como se explicó anteriormente el régimen de emergencia permite los aumentos sin ningún tipo de instancia previa en defensa del consumidor.
Luego de cinco aumentos de tarifa desde la estatización, y sin que el EPAS se exprese públicamente, debería recuperarse mínimamente una instancia de debate, como podría ser la Legislatura.
La tarifa no debe ser alta ni baja, sino técnicamente justificada y sujeta a revisión por los representantes de los mendocinos, ya que la empresa es de los mendocinos.
