El acuerdo nacional, cuya necesidad declama como artículo de fe la dirigencia política argentina, no será.
No lo quiere el Gobierno ni lo promueve la oposición. Pese a que el país merodeó la casa de sus peores fantasmas durante la última corrida cambiaria, la crisis económica -todavía irresuelta- no intimidó lo suficiente a sus principales protagonistas.
Argentina sorteó el crujido de su sistema financiero con tres acciones concurrentes: la gestión de apoyo externo para que sea creíble la promesa de un crédito del FMI; la convalidación oficiosa de otra devaluación para que el dólar cotice cerca de los 25 pesos, y una emisión de bonos del Tesoro.
Que fue anticipada en estas líneas el domingo pasado y el Gobierno mantuvo en sigilo hasta que se abrió la licitación de las Lebac.
Luego el Presidente dio por finalizada la tormenta en una conferencia de prensa de la que salió airoso, incluso según la mirada de sus críticos más certeros.
La convocatoria a un acuerdo nacional amplio formó parte de la gestualidad que ensayó en la emergencia la coalición oficialista, hacia adentro y hacia afuera. Poco después, el pacto urgente pasó a comisión. Hasta que se discuta en el Parlamento el presupuesto nuevo.
El Presidente lo dispuso porque el acuerdo con el Fondo está aún indefinido. Si sólo presupone correcciones fiscales y monetarias, podrá administrar el legado del gradualismo. Si el crédito viene con condiciones de reformas estructurales, dependerá de la mayoría opositora en el Congreso Nacional.
Y Macri está convencido de que a esas reformas la oposición, en todas sus variantes parlamentarias, no las quiere. Piensa que si el peronismo las creyese necesarias, ya estaría proponiendo reformas consistentes en el mercado laboral, la racionalidad de un sistema previsional desquiciado o una modificación del esquema tributario para disminuir la presión fiscal.
A quienes le proponen un acuerdo al estilo de los Pactos de la Moncloa los escucha con más paciencia que atención. Acaso no esté equivocado. Miguel Herrero y Rodríguez, uno de los siete juristas que redactó la constitución española de 1978, se extrañó, en su última visita a la Argentina, de la alta cotización que tienen aquí los acuerdos de la transición española. En parte por el relato mítico que el alfonsinismo y la renovación peronista hicieron de esos pactos en los debates de 1983.
Herrero sostiene que los Pactos de la Moncloa fueron la expresión plástica del gran pacto político y social que ya existía para superar la compleja herencia del dictador Francisco Franco.
Los acuerdos sirvieron para que los líderes de las centrales sindicales ayudaran a superar una crisis inflacionaria. Después el mito político le atribuyó a la Moncloa todas las virtudes a su alcance. "Hasta el freno del cambio climático", ironiza.
No sólo por estas desconfianzas Macri convoca a un acuerdo del que descree. También porque estima que la crisis cambiaria se produjo con la antelación suficiente como para recomponer a tiempo su proyecto de reelección. Por eso apuesta a que el FMI no ponga en manos del Congreso las herramientas del ajuste.
De todos modos, envió las señales de unidad política interna que la situación reclamaba. Todavía no se sabe si la nueva mesa chica del oficialismo funcionará como instancia más orgánica que gestual de la coalición gobernante. O si sólo se ha abierto un nuevo grupo de Whatsapp.
Emilio Monzó fue tardíamente reivindicado, pero sigue expectante la evolución de la interna en el Pro. La turbulencia que precedió a la turbulencia.
Mientras, Marcos Peña consiguió restaurar a Ernesto Sanz, su mejor interlocutor radical -aunque cada vez más ajeno al radicalismo- y cerró filas con Elisa Carrió.
El peronismo convocado al acuerdo nacional también ha reajustado sus miras. Empujó la crisis de confianza en los mercados y facturó en las encuestas el descenso de Macri y -en especial- de María Eugenia Vidal. Y vendió luego que aunque carece de candidaturas presidenciales expectables, ya se anota con chances para el balotaje.
Pero sabe que el acuerdo con el FMI lo obliga a enfrentar otra etapa. Por un lado, si exagera la presión de su mayoría parlamentaria puede provocarle desgaste al gobierno, pero hundir al país.
Por otro, las nuevas e inevitables condiciones para reducir el déficit fiscal pueden amenazar aquello que creían asegurado antes de la corrida cambiaria: la preservación de sus territorios.
Por eso, los gobernadores justicialistas eludieron la elaboración de una posición política frente al acuerdo propuesto por Macri tras la precaria estabilización de los mercados. Pactaron sólo la variante discursiva que utilizarán ahora: la discusión de la equidad federal del ajuste.
No atacarán a Macri, sino los recursos fiscales de sus alfiles, Vidal y Rodríguez Larreta. Sin debilitar esos distritos, no hay alternativa peronista en 2019.
Esta urgencia del peronismo se aceleró con las nuevas complicaciones judiciales de Cristina. Mientras todas las miradas apuntaban a las pizarras de las casas de cambio, la expresidenta recibía procesamientos en tribunales en sus causas más indefendibles: las que cuestionan su actividad como empresaria hotelera.
Se suman factores de riesgo para que no llegue a tiempo para otra candidatura. ¿También por las sábanas de Hotesur deberá bloquear Miguel Pichetto los debates sobre la idoneidad moral de los miembros del Senado?
La aceleración de causas también puede complicar indirectamente al Gobierno. A Hugo Moyano le allanaron la sede de camioneros y lo acechan investigaciones por lavado de dinero y extorsión. Moyano tendrá sus propias motivaciones en la ofensiva sindical que se viene.
Y que es ahora la principal preocupación de Mauricio Macri, en los funerales del gradualismo.
