El planteo lo efectuó el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien a mediados de octubre solicitó al gobierno nacional que convocara a trabajadores y empresarios para firmar un acuerdo económico-social a los efectos de “definir la Argentina de los próximos 20 años”. Y, días pasados, primero el presidente Mauricio Macri y luego el ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay señalaron por su parte que a corto plazo debían comenzar las reuniones entre las partes, en la búsqueda de “transitar el verano” con acuerdo como objetivo.
Los pactos económico-sociales no son nuevos en la Argentina. El primero que lo impulsó fue Héctor Cámpora, a poco de asumir, y luego Juan D. Perón, en su tercera presidencia. El primero fue dejado de lado cuando el entonces presidente renunció para convocar a nuevas elecciones, y en el segundo cuando, con la muerte de jefe del Estado, el gobierno quedó en manos de María Estela Martínez, quien careció de la necesaria muñeca política para encauzar la continuidad de las conversaciones.
El intento de acuerdo ahora se da en circunstancias difíciles. La inflación ha superado en la gran mayoría de los casos las cifras alcanzadas en las paritarias, lo que ha determinado que algunos gremios hayan solicitado reiniciar las conversaciones para actualizar los salarios. Ante una convocatoria del Gobierno, hubo un anuncio de otorgar una suma fija, a fin de año, a los efectos de cubrir la caída del poder adquisitivo. Sin embargo, no todos los integrantes del sector empresario están en condiciones de afrontar esa erogación, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas, que han visto mermadas sus ventas como consecuencia de la retracción en las compras por parte de la gente. Con un agravante, como es el hecho que, de acuerdo con los economistas, si la suma fija se vuelca a la compra masiva se producirá un incremento de la inflación como consecuencia de la mayor demanda.
Y así como hay diferencias entre los sectores empresarios, la situación se profundiza en el caso del sindicalismo que representa a los trabajadores. Hay dirigentes, especialmente de los gremios del sector privado, que son conscientes de la situación e intentan poner paños fríos, a sabiendas de que debe priorizarse la fuente de trabajo. Hay otros, de gremios importantes, que presionan, como es el caso de los camioneros y los bancarios. Y hay un tercer sector, el que nuclea a los empleados del Estado que también ejercen presión y en parte de ello porque participan de un juego político ya que sus dirigentes siguen encuadrados, ideológicamente, con el gobierno anterior.
A mediados de octubre, Massa planteó la necesidad de un acuerdo económico-social para una Argentina a 20 años vista y, aprovechando que la CGT había dispuesto suspender el paro general, destacó que es necesario fomentar el diálogo y que “así como los líderes sindicales hicieron un esfuerzo postergando una medida, los empresarios también deben hacer un esfuerzo, entendiendo que con la inflación los trabajadores perdieron mucho”. Dos semanas después fue el propio Mauricio Macri quien planteó la necesidad de un acuerdo, ratificado inmediatamente después por su ministro de Hacienda.
Se trata de una situación compleja, de difícil solución y en la cual cada uno de los sectores debe demostrar la suficiente madurez para alcanzar objetivos concretos que permitan dejar de lado en el futuro las diferencias, estableciendo el necesario y permanente equilibrio que el país y los argentinos necesitamos.
