Un vecino de uno de los barrios de Las Heras, hacia el sureste de la plaza Marcos Burgos, decía hace unos días que agradecía tener trabajo y que sus hijos fueran a la escuela; pero no saber si el grupo familiar puede llegar sano y salvo al hogar cada vez que sale a la calle era la incertidumbre cotidiana que lo afligía.
El comentario del habitante lasherino es habitual en otras partes del Gran Mendoza y del resto de la provincia, y consideramos que no es exagerado.
Es posible que se puedan conceder mejoras en unos y otros aspectos de la realidad que nos toca compartir, pero la inseguridad delictiva es un rasgo, una marca en el orillo que nos identifica a todos: a los que la sufrieron y a los que temen sufrirla.
Asaltos en banda a viviendas de la zona rural y otras no tanto, como ha ocurrido en Vistalba, robos desembozados en la periferia de comisarías, como los denunciados en la Tercera Sección de Capital, o el atraco impune y al mediodía del personal que llevaba la recaudación de las tarjetas Red Bus, conforman un limitado, brevísimo, muestrario de ilícitos que tienen a mal traer a la comunidad.
Hay, como se ve, sucesos concretos, muy violentos en algunos de los casos, que van provocando una sensación de temor generalizado, como de manera acertada lo retrató Zulema Usach en Los Andes el 14 de mayo, en un artículo titulado “Sentir miedo es parte de nuestra realidad cotidiana”.
El ciudadano que no es víctima de despojo o atraco a mano armada va creando ansiedades, fobias y estrés por lo que pueda ocurrirle en el momento menos pensado.
Las autoridades tienen en este capítulo una mora muy marcada. Los asaltantes, se sospecha que algunos provenientes de otras provincias, están ejecutando golpes muy bien “pensados”, demostrando contar con capacidad de inteligencia previa para planificar y asestar atracos a mano armada o sustracciones que les proveen de dinero y objetos valiosos.
Para los damnificados queda, por contrapartida, el saldo de sufrir lesiones, padecer angustiosas situaciones y perder bienes, cuando no la vida, como ocurrió hace algunas horas cuando dos malvivientes armados ejecutaron de un balazo a un ciudadano mayor, en el intento de sustraerle el automóvil, en un barrio de Guaymallén.
Por contrapartida, no parece que el Ministerio de Seguridad esté acertando en la ejecución de una verdadera política de prevención para neutralizar, ya no decimos todos los ilícitos que se comenten porque sería imposible, pero sí algunos que ocurren a plena luz del día y en sitios presuntamente vigilados.
Para colmo de males, oficialmente se ha admitido que las cámaras de seguridad no funcionan al ciento por ciento. Sea por vandalismo, por algún incidente o por el desgaste propio del uso, si alguno de los 835 artefactos que funcionan en la provincia sufre una rotura o desperfecto, demorará de 30 a 60 días en ser reparado. Esta situación podría mejorar cuando dentro de 2 o 3 meses se inicie la colocación de unas 560 cámaras que financió el BID.
Los vecinos, lo dicen en todos los barrios en los que se reúnen con autoridades policiales y ministeriales, quieren resultados a corto plazo, a través de más patrullajes (que los hay, pero parecen no alcanzar), controles de los lugares sospechosos de albergar malvivientes y la disponibilidad de medios técnicos y de un parque automotor en condiciones para neutralizar el accionar delincuencial que se padece.
