En un reciente editorial, comentábamos que un estudio internacional indicó que en los últimos años hubo un notorio avance en la lucha contra la corrupción en la Argentina.
Basándonos en que este flagelo es, claramente, uno de los grandes males de la política en nuestro país, causante en gran medida de los retrasos económicos y sociales que se padecen, no es un dato menor que Transparencia Internacional haya considerado que la República Argentina fue menos corrupta durante 2019, avanzando ese año 19 lugares en el ranking que hace este tipo de mediciones a escala mundial.
Por eso la muerte del juez federal Claudio Bonadío debe invitar a la reflexión en tal sentido. Si bien fue uno de los magistrados más emparentados con la política, por su pertenencia previa al peronismo y por haber sido colocado en la Justicia por la manipuladora gestión menemista, supo salvar eventuales falencias y culpas en su trayectoria a través del combate a la corrupción en el poder que ejerció desde su juzgado en los últimos años.
Le tocó a este juez hacerse cargo de varias causas en las que se transparentó una triste trama de corrupción que involucró al kirchnerismo en sus doce años al frente del país. Y, lo que es peor, pudo constatar, en base a las investigaciones que derivaron de las denuncias de políticos y de investigaciones periodísticas que recibió en su juzgado, cómo una buena parte del empresariado argentino fue cómplice o silenciosa víctima, según cada caso, del saqueo a los recursos de los argentinos.
Nunca un magistrado de la Justicia Federal había hecho tanto por enfrentar hechos palpables originados en gestiones públicas y, con más razón, encontrándose sus responsables todavía ejerciendo cargos en el Estado nacional. Sus requerimientos para llevar al banquillo de los acusados a políticos sólo chocó con la inmunidad de los fueros.
El más claro ejemplo fue el de Cristina Fernández de Kirchner. Otros, en cambio, debieron purgar en la cárcel sus malas intenciones. Por eso es inadmisible que en este nuevo gobierno haya quienes aún sostienen que en la Argentina hay presos políticos.
Más allá de toda conjetura y especulación, no hay que dejar de remarcar que es fundamental que el combate a la corrupción que debe dar la clase dirigente argentina incluya procesos judiciales como los ya citados, sea cual fuere la trayectoria o el cargo del personaje involucrado.
Por lo tanto, muerto Bonadío le cabe a la Justicia una gran responsabilidad en lo que se refiere a la sucesión del juez que investigó tantos hechos irregulares en el manejo del Estado. El congelamiento de las causas y procesos que estuvieron a cargo de este magistrado no sólo marcaría un brutal retroceso, sino que reinstalaría esa sensación que durante tantos años copó la escena pública: el poder es corrupto y la Justicia, influenciable. Jueces y fiscales con la misma predisposición de Bonadío para salir al cruce de los corruptos hay y muchos. Lo que se requiere es coraje para superar presiones y amenazas.
El desafío de esta hora pasa por la continuidad de las causas que pasaron por Bonadío y de los juicios que generaron. La Argentina requiere esa madurez institucional.
