La problemática de acceso a la vivienda es un tema que preocupa cada vez más en los países latinoamericanos. En Argentina la reforma de la Constitución Nacional del año 94 ratificó el art. 14 bis (CN 1953) que estableció el acceso a una vivienda digna e incorpora el art. 41, afirmativo del derecho de todos los habitantes a disponer de un adecuado ambiente habitable.
En sintonía con estos principios constitucionales, en 1994 se incorpora a la carrera de arquitectura, dictada en la Universidad Mendoza, la cátedra de Vivienda Social y se impulsa la creación de la Red Universitaria Latinoamericana de Cátedras de Vivienda (Ulacav).
La Red viene desarrollando encuentros anuales en universidades de Argentina y latinoamericanas con el fin de reflexionar y mejorar las prácticas pedagógicas que se realizan en los ámbitos académicos áulicos, de investigación y extensión.
La formación de profesionales capacitados para ejercer en el incierto y complejo escenario del hábitat social requiere el desarrollo de habilidades específicas y diversas, desde empatizar con el sentir y saber de las comunidades hasta saber gestionar los recursos necesarios para llevar adelante los proyectos de desarrollo de la vivienda social.
Estos aspectos se debatieron en el XXIV encuentro de la Red Ulacav que se hizo recientemente en la Universidad Nacional de La Plata, en conjunto con la Red de Encuentros Latinoamericanos de Arquitectura Comunitaria (ELAC). El confluir de estos dos espacios académicos significó un gran avance y mucha riqueza conceptual por la diversidad de experiencias compartidas con las comunidades que se organizan ante tantas necesidades y los jóvenes profesionales, conscientes de esas necesidades, animados a recorrer nuevos caminos, involucrándose en procesos sociales de autoconstrucción del hábitat.
Los distintos niveles de informalidad habitacional son una realidad en nuestros países latinoamericanos. El alto costo del acceso a la tierra urbanizada y la precarización laboral que hace imposible el acceso al crédito bancario, requieren pensar nuevas y viejas formas de organización. En este sentido realizamos un taller conjunto con la Universidad de Rosario sobre cooperativismo habitacional, presentando la experiencia de la Red Ulacav y la trayectoria de Mendoza en materia de cooperativas de vivienda.
Las realidades en nuestro país son muy diversas respecto a la mayor o menor organización para enfrentar las dificultades de acceso a la tierra y la ciudad en los lugares donde hay mayores necesidades y mayor especulación inmobiliaria sobre el suelo urbanizado.
De manera más crítica, en el Gran Buenos Aires, en los 90, crecieron exponencialmente las necesidades y el cierre de fábricas llevó al abandono de muchos edificios que fueron luego adaptados para resolver las necesidades de cobijo de familias excluidas de la economía de mercado, ocupando construcciones abandonadas y tierras fiscales poco aptas para la urbanización. Por los altos costos, se produjeron enormes asentamientos humanos, familias que nunca más pudieron salir de la precariedad en la que se encontraron.
Hoy es necesario mejorar las condiciones de vida de sus pobladores. En ese contexto, a través de la organización y la gestión, ha surgido la Ley 341 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, legislación que constituye una valiosa referencia para organizar y legalizar la tenencia de la tierra y la construcción de nuevas viviendas.
El poder compartir saberes nos ayuda a reflexionar y anticiparnos a los conflictos para prevenir y llevar adelante los procesos de urbanización social de forma ordenada y segura para todos los habitantes.
El compromiso en la actualidad es lograr integrar las distintas disciplinas enfocadas en el problema y cada cual aportar para una mejor solución de las necesidades.
Resolver la problemática de un hábitat digno para todos los habitantes del suelo argentino requiere el compromiso de todas las profesiones y oficios involucrados; necesitamos empezar a ver la totalidad del problema. La producción de alimentos, el trabajo y el hogar fueron separados con el devenir de la revolución industrial y como sociedad no hemos avanzado en un modelo que pueda hacer sustentables a nuestras ciudades.
Mendoza ha sido pionera en organización de los procesos de autoconstrucción y cooperativismo. El barrio San Martín de Capital debe señalarse como antecedente de organización comunitaria para la vivienda. La atención de estas necesidades concretas llevó al Estado provincial a dar una temprana respuesta con la construcción de las viviendas colectivas del Barrio Cano, resolviendo la necesidad habitacional de familias de bajos ingresos.
Mendoza mantuvo ese liderazgo al constituir -a partir de 1947, cuando se creó el IPV- el llamado Sistema Provincial de Vivienda en el que operan, con espíritu societario y en forma continua, las organizaciones de base (cooperativas, mutuales, vecinales) junto con el IPV y los municipios, recibiendo apoyo académico de las universidades y centros de investigación de la provincia.
El sistema ha mantenido su identidad a lo largo de sucesivos períodos de gobierno y cambiantes políticas sociales, llevando a cabo la construcción de barrios ubicados en todos los centros urbanos y áreas rurales de Mendoza, con una producción estimada en el 25% del parque habitacional no deficitario de la provincia.
La persistencia de la problemática habitacional plantea el desafío de abordar el acceso a la vivienda con carácter prioritario y sostenida energía, tanto por las instancias de gobierno como por el conjunto de instituciones de la sociedad civil.
