La presentación judicial surge desde el mismo seno de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Se trata de Gerardo Milman, director por la oposición en el mencionado organismo, quien anunció que acudirá a la Justicia para pedir una medida cautelar que impida al Poder Ejecutivo utilizar la cadena nacional como mecanismo de campaña política”.
Fundamenta su posición en el hecho de considerar que “se ha constituido un fraude en la utilización del mecanismo previsto en el artículo 75 de la norma legal, como consecuencia de que los mecanismos de control del cumplimiento están dominados por las mayorías oficialistas”.
No faltan razones al autor de la iniciativa porque, entre otros aspectos, el objetivo de la ley de servicios de comunicación audiovisual contemplaba la “democratización y universalización” del aprovechamiento de las nuevas tecnologías y, al hacer alusión directamente a la cadena nacional, establece taxativamente en el artículo 72 que el Poder Ejecutivo Nacional y los poderes Ejecutivos provinciales podrán disponer de la misma “en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional”, agregando que la misma será obligatoria para todos los licenciatarios.
Sin embargo, la señora presidenta de la Nación, tal como lo asegura una senadora nacional de Río Negro, ha utilizado la cadena “como si fuera su Facebook”, al referirse al apoyo que, a través de la misma, brindó al candidato a gobernador por esa provincia por el Frente para la Victoria.
La propia jefa del Estado ha reconocido ese avance sobre la norma legal, al afirmar que “vamos a tener que resignarnos a estas cadenas cotidianas. Y nosotros, por ahí, dos veces a la semana mostrar todas las cosas”, como aseguró en una de sus tantas apariciones públicas.
Por otro lado, y como señala el denunciante, la señora Fernández de Kirchner la utiliza “para hacer campaña proselitista, lo que de hecho constituye la utilización de los bienes públicos en beneficio partidario”.
Sin ir más lejos, ¿de qué modo puede interpretarse que, también a través de la cadena, la señora haya solicitado que haya menos precandidatos a presidente por el Frente para la Victoria, en la intención de no dispersar al electorado.
Al decir de funcionarios y dirigentes oficialistas, la sobre utilización de la cadena responde a la necesidad de mostrar las acciones del Gobierno, en razón de que los medios “dominantes” sólo hacen hincapié en las noticias negativas. Cabría preguntarse entonces por qué motivos siguen sosteniendo la impresionante cantidad de canales del Estado o de los medios semioficialistas si, como ellos mismos reconocen, no los sigue nadie.
¿Por qué generar un gasto -porque no es otra cosa- millonario en pesos para mantener un pseudo programa periodístico como 6,7,8, que sólo sirve para denostar a los miembros de la oposición y exaltar las obras del oficialismo, pero que lo hace de un modo tan ordinario que no sólo nadie los sigue sino que los pocos que lo hacen tampoco les creen?
Con miras a futuro, la situación no es menos preocupante. Si se llegara a cumplir el anticipo de la Presidenta, en el sentido de que podría aparecer dos veces por semana, utilizaría, de acuerdo con un estudio, 63 cadenas nacionales antes de la realización de las elecciones generales a presidente y vice.
Un abuso evidente porque no sólo habla de las gestiones de Gobierno sino que denosta y critica a la oposición, una actitud que se asemeja a lo que realizan Rafael Correa, en Ecuador, y Nicolás Maduro, en Venezuela, que no son, por cierto, ejemplos de democracia en América Latina.
