El Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso un proyecto sobre haberes de los jubilados llamado de “reparación histórica”. Realizados estudios, concluimos que ello no es así. No se aplica el 82% móvil respecto al salario de un trabajador activo para lograr una jubilación digna que los saque de la pobreza (sentencia Eliff de la Corte Suprema). Sus haberes, en millones de casos, oscilan entre los $ 4.000 y $ 6.000, muy por debajo del mínimo para la subsistencia que es de $ 14.000. La cuarta parte de un bancario que se inicia; 10 veces inferior a un chofer y menos que un preso.
El pago de las sentencias firmes a los jubilados no es una reparación, sino una obligación. Anses debe cumplir las sentencias de la Justicia que la condenó a actualizar las remuneraciones y liquidarlas con retroactividades (Corte Suprema de Justicia en Sánchez, Badaro I y II, Eliff, Betancourt y otros). Se pagan desde hace tiempo en efectivo, no en cuotas.
Ante la demora de Anses en cumplir las sentencias, en Lohle, la Corte dispuso que deberá pagar, además de los montos de sentencia, daño moral por la demora en cumplir con el pago de los fallos, que pudo evitarse pagando en tiempo y forma. Pagar lo que ordena la Justicia no es una “reparación histórica” sino cumplir con un mandato judicial.
Se intenta concluir con los juicios que realizamos 300.000 jubilados para no llegar a sentencias firmes que terminan siendo mucho más onerosas para Anses. Se ofrece desistir del juicio a cambio de un 40-45% de aumento sobre el monto que se percibe hoy, y abonar el 50% de la retroactividad, en cuotas.
Deberíamos renunciar a derechos por los aportes efectuados a las AFJP, que son montos importantes. En miles de casos, por no decir en todos, este ofrecimiento implica una solución y menos una reparación. Los profesionales (médicos, abogados, ingenieros, etc.), ejecutivos o que hemos tenido buenos ingresos, hoy percibimos entre $ 5.000 a $ 9.000) reclamamos la actualización respecto de lo que cobra un activo, que en todos los casos es de 4 a 6 veces más elevado.
Aceptar el 40% y la mitad de la retroactividad en cuotas es un pésimo arreglo. Conviene, en la mayoría de los casos, seguir con el juicio. Puede servir a quienes los salarios activos son muy bajos, que no deben ser muchos.
Tampoco existe “reparación histórica” sino reducción de lo demandado. Quienes no están en juicio pero podrían hacerlo por estar en similares condiciones a los anteriores -1.200.000 personas- dependerá de cada uno hacer juicio para defender sus derechos y ganar más, o conformarse con lo que ahora ofrecen. No se les pagará retroactividad. Para el 70% de los jubilados no habrá ningún cambio respecto del sistema que aplicaba el kirchnerismo.
Este proyecto contiene desigualdades, inequidades, violación de derechos adquiridos o en expectativa. Atenta contra sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Será objeto de reclamos de inconstitucionalidad.
Los recursos para pagar a los jubilados existen. El Fondo de Sustentabilidad (creado por el traspaso de los depósitos en las AFJP) tendría $ 750.000.000.000. Arreglar todos los casos no superaría los $ 250.000.000.000 (tres veces menos). ¿Esos recursos se quieren utilizar para solucionar la deuda con los jubilados, como ordena la ley, o se pretende darles otro destino?
Durante el anterior gobierno se pagaban déficits del Estado nacional y provinciales, Automovilismo y Fútbol para Todos, netbooks, Plan Procrear, subsidios a empresas (incluso extranjeras), y asignaciones, que deberían abonarse con partidas del presupuesto y no con fondos para mejorar las jubilaciones, como ordena la ley 26.425.
Antes de que Mauricio Macri ganara las elecciones le ofrecimos alternativas de solución para todos los jubilados. Cuando asumió, enviamos notas al Presidente, al jefe de Gabinete, al secretario general de la Presidencia, a legisladores. No obtuvimos más que promesas, que este proyecto no contempla. Propusimos que se pague ahora el 82% móvil, dejando las retroactividades pendientes, que es el mayor monto.
Nadie nos puede imputar que no aportamos ideas y soluciones. Los candidatos, legisladores nacionales que se comprometieron a pagar el 82% móvil, como Sergio Massa y otros, deberán merituar si en el Congreso cumplen sus promesas. Gobernadores, legisladores y sindicalistas acreditan falta de voluntad o desconocimiento para solucionar los problemas de los adultos mayores.
En 2008 el Congreso votó el 82% móvil, que fue vetado por Cristina Kirchner con falaces argumentos.
Pasamos de ser “buitres y caranchos”, como nos llamó la ex presidente, a recibir propuestas que no solucionarán nuestros problemas, porque habrá que renunciar a realizar juicios en defensa de nuestros legítimos derechos.
Nos ofrecen aumentos que son muy bajos, que no se ajustan con la inflación ni proporcionalidad con lo que ganan los activos. Pero nuestros “representantes” se aumentan las dietas ganando 20 veces más que los jubilados que trabajamos 30 o 40 años. Nos están llevando a la pobreza porque hay elevada inflación e incrementan los servicios hasta el 1.000%, como el caso del gas.
Los que apoyan este proyecto y dicen defender a los jubilados, ¿lo habrán analizado seriamente?
En las naciones serias y desarrolladas los adultos mayores son considerados por sus conocimientos y experiencia. Ganan muy bien. Son llamados como asesores. En Argentina hemos pasado a ser material de descarte, no personas mayores. Pero votamos y decidimos elecciones. Pretendemos, conforme a estricta justicia, que se nos abone lo que corresponde, el 82% móvil. Y que no sigan utilizando para otros fines el dinero que por ley está para ello.
Muchos planeros, que no aportaron nunca, cobran más que quien trabajó durante una vida.
Cajas previsionales como las de Córdoba, Santa Fe y Rosario no transferidas a la Anses pagan el 82% móvil. Lo perciben ex funcionarios, jueces, ex empleados de AFIP y Aduana, y muchos más, acreditando que se puede, y debe pagar.
El Congreso aprobará o modificará ese proyecto que no soluciona los bajos ingresos de los jubilados y solo cumple con las sentencias en que ha sido condenado Anses por la Justicia Nacional.
La democracia debe ser equitativa e igualitaria. Si hay discriminaciones y desigualdades, violentando normas constitucionales y sentencias de la Corte Suprema, como es el caso de los jubilados, pierde gran parte de su esencia.
