En las usinas del oficialismo hay cierta satisfacción. Anoche se conoció que el 82% de los jueces y funcionarios judiciales decidió donar una parte de su salario. Ese Poder del Estado aportará 22,7 millones de pesos al fondo especial creado por el gobernador Rodolfo Suárez para financiar gastos destinados a combatir el coronavirus. De 327 jueces y funcionarios, 268 decidieron hacer el aporte solidario.
Este monto sólo es superado por el equipo más cercano al gobernador Suárez, dónde 270 funcionarios sumaron 40 millones de pesos.
La ola donadora arrancó hace una semana, cuando el gobernador Suárez anunció el recorte salarial a todos sus funcionarios, excepto los de Seguridad y Salud. Él mismo y buena parte de su equipo cobrará 50 mil pesos por el sueldo de marzo que se acredita mañana.
La respuesta judicial no tardó en llegar. El mismo 23 de marzo, se daba a conocer la acordada 29.504, en la que los miembros de la Suprema Corte mendocina dispusieron el recorte de sus salarios de marzo al 50%, para donar la otra mitad al combate del coronavirus.
En esa misma decisión, los supremos mendocinos invitaban a los jueces y funcionarios equiparados a jueces a que donaran entre 25% y 50%.
Si bien no han trascendido datos precisos, sí se sabe que una amplia mayoría de los magistrados donantes optó por el piso inferior. De los 268, sólo 50 metieron un poco más profundo las manos a sus bolsillos y superaron el 25% y alrededor de 20 llegaron al 50%.
Alguien podría relativizar la generosidad de los magistrados, al acotar que la Justicia es el poder que mejores sueldos tiene y claramente podrían donar más para el combate del Covid-19. Sin embargo, en el oficialismo no se escuchan reproches; en las conferencias virtuales del poder, se comentó que la donación de los jueces "ha sido el gesto solidario del Poder Judicial más importante de la historia reciente".
Esa afirmación es cierta. La Justicia ha mantenido duras peleas con los ocupantes transitorios de Casa de Gobierno y varias de ellas han sido por la plata de los salarios, puesto que todo recorte que se buscó imponer bajo el argumento de las sucesivas crisis sufridas por el país, los magistrados lo resisten con el argumento de la intangibilidad, un instituto que preserva el ingreso de los jueces de las arbitrariedades de la política.
Hablando de crisis y hachazos, en 2002 Roberto Iglesias extendió a los jueces el recorte salarial que aplicó a los estatales por la profunda crisis económica. Eso desembocó en una durísima pelea judicial, que llegó a que el entonces fiscal Eduardo Martearena (hoy juez de garantías) detuviera durante tres horas al actual titular de Aysam Alejandro Gallego. El motivo: la Justicia había ordenado un embargo de 4 millones de pesos para recuperar el recorte; como no encontraron fondos para embargar, Martearena citó al entonces subsecretario de Hacienda a declarar y lo detuvo por falso testimonio.
Otra pelea virulenta ocurrió con Julio Cobos. Los magistrados querían actualizar sus sueldos con el índice de inflación. El Gobierno de Cobos, planteaba que los mecanismos indexatorios estaban prohibidos por la ley de emergencia económica dictada durante la gestión de Eduardo Duhalde.
Esa pelea llegó a la Corte Suprema de la Nación y hasta provocó una reforma de la Constitución de Mendoza, la última enmienda exitosa en las urnas que le agregó un párrafo al artículo 151 de la Carta Magna: "En ningún caso esta garantía de intangibilidad comprenderá la actualización monetaria de sus remuneraciones mediante índices de precios y/o cualquier otro mecanismo de ajuste, ni la exención de los aportes que con fines de previsión u obra social se establezcan con carácter general".
El conflicto se terminó zanjando cuando asumió Celso Jaque y el Ejecutivo acordó que los jueces actualizaran sus salarios al ritmo de la Justicia Federal.
Más aún, a principios de este mes, Suárez había embestido contra los equiparados a magistrado que cobran salarios exorbitantes. Tal vez por todos estos antecedentes, no se esperaba esta reacción y por eso es que en Casa de Gobierno hay cierta satisfacción, aún cuando los magistrados no hayan sido los más generosos.
