El presidente brasileño, Michel Temer, enfrentará el miércoles otra prueba de fuego de su atribulado gobierno cuando la Cámara de Diputados decida si envía a la corte suprema una acusación de corrupción en su contra o la archiva.
El conservador Temer, que llegó al poder el año pasado tras la destitución de Dilma Rousseff (PT, izquierda), se convirtió en el primer mandatario en funciones en ser denunciado por la Fiscalía General por un crimen común, un proceso que podría terminar con su gobierno.
Si la oposición decide otorgar el quórum necesario a la sesión del 2 de agosto, los que apoyan la investigación deberán reunir un mínimo de 342 votos (dos tercios de los 513 diputados) para autorizar al Supremo Tribunal Federal (STF) a evaluarla y definir si la eleva a juicio.
En ese caso, Temer sería suspendido por hasta 180 días y reemplazado por el jefe de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia (del partido de derecha DEM). Y si finalmente es hallado culpable, será destituido y habría una elección indirecta en el Congreso para completar el accidentado mandato, hasta fines de 2018.
Pero la apertura de una investigación parece difícil, pese a que un 81% de los brasileños considera que el presidente Temer, debe ser enjuiciado penalmente por presunta corrupción, según una encuesta difundida ayer.
El sondeo fue realizado por el Instituto Ibope a pedido de Avaaz, un movimiento cívico global que promueve peticiones ciudadanas sobre diversas causas en todo el mundo.
“Toda la obligación es de la oposición”, dijo una fuente del Palacio de Planalto, convencido de que el proceso será archivado.
Ese optimismo cauteloso se sustenta en la estrecha alianza que ha construido el presidente de 76 años con el Congreso durante sus poco más de 14 meses de gestión.
“Cinco partidos grandes ya decidieron respaldar al presidente y eso solo ya suma 200 votos”, añadió, en referencia al cálculo que indica que si el oficialismo consigue 172 votos, incluidas ausencias y abstenciones, ya no sería posible llegar a los dos tercios y la causa se caería.
Pero la volatilidad del escenario político, así como las señales de una menor cohesión en su amplia base de diputados -llegó a contar con más de 20 de los 26 partidos representados- y la amenaza de nuevas denuncias contra Temer no dejan margen para euforias.
Maia espera que mañana haya más de 400 legisladores presentes y descarta la hipótesis de que la oposición no baje al recinto y bloquee la sesión, que requiere la presencia de 342 diputados para poder votar.
“Brasil precisa una definición sobre ese asunto. No se puede jugar con un asunto tan grave”, dijo a periodistas sobre el fin de semana.
“No se puede dejar al paciente en el quirófano con el vientre abierto”, añadió.
La oposición apuesta a incentivar deserciones en el oficialismo, fracturado desde que Temer fue acusado de haber pedido un soborno de 500.000 reales (unos 150.000 dólares) al gigante frigorífico JBS, y espera que la Fiscalía formule nuevos cargos para continuar golpeando sobre el gobierno.
“No está claro cómo será el escenario después de una eventual victoria del gobierno, porque no creo que vaya a tener muchos votos favorables. Deberá administrar su base en el Congreso porque quedará una imagen de fragilidad (...) aun ganando”, dijo el diputado oficialista Marcos Rogerio (DEM), que votará en favor de la continuidad del caso por razones “éticas”.
Desde que llegó al poder en mayo del 2016, cuando Rousseff fue separada del cargo por manipular las cuentas públicas, Temer ha logrado sobrevivir pese a su impopularidad y a las acusaciones de corrupción que le costaron perder seis asesores y pusieron a ocho ministros bajo investigación por el escándalo de Petrobras.
En junio, además, escapó a un proceso en la corte electoral, también con potencial para destituirlo.
Conocedor del terreno donde se juega su mandato, Temer se reunió en las últimas semanas con decenas de legisladores hasta lograr que una comisión que estudió su caso emitiera un parecer en favor de archivar el caso. La decisión no es vinculante, pero le dio una victoria no exenta de polémica, que puede ser clave.
El partido opositor Rede denunció que esas articulaciones comprometieron más de 3.260 millones de reales en fondos públicos a ser distribuidos entre los legisladores, un aumento del 1.900% entre junio y mayo, mes en que fue presentada la denuncia.
