Con la creación de la Oficina General de Sumarios, el Gobierno agilizó el proceso interno que investiga si un empleado estatal incurrió o no en un comportamiento inadecuado en su función. No obstante, hay una irregularidad que domina la estadística: el 80% de los sumarios que se abren a los estatales son por faltas injustificadas.
Así lo informó a Los Andes Ulpiano Suárez, subsecretario de Modernización. En menor medida se encuentran otros tipos de negligencias, que necesariamente deben ser graves para ocasionar un sumario.
El funcionario explicó que hay abiertos más de 1.000 y la mayoría en la Dirección General de Escuelas (DGE), que tiene 392 trabajadores bajo algún tipo de investigación, casi todos celadores.
En tanto, en el ámbito de la Salud hay 200 sumariados, también con predominancia de las faltas injustificadas, por las cuales se abre el análisis administrativo.
Suárez, sobre este tema, intentó llevar tranquilidad al empleado estatal al expresar que durante esta gestión se han realizado 500 cesantías, "lo que representa un 0,5% del universo de la planta de trabajadores del Estado", que ronda los 90.000 empleados.
"El trabajador estatal se caracteriza por cumplir con creces su trabajo, esto es necesario recalcarlo porque estos casos que llegan a sumarios son aislados", sostuvo Suárez.
Más agilidad
Por otro lado, los resultados en la agilización de los procesos con la implementación de la Oficina de Sumarios han sido "altamente positivos" para el Gobierno, ya que ahora el trámite se hace un 1.100% más rápido respecto a la metodología anterior.
En este sentido, Suárez sostuvo que en promedio, antes de la aprobación de la ley en octubre del 2018, un proceso sumarial duraba alrededor de 5 años, mientras que hoy, con su aplicación vigente desde febrero de este año, todo el trámite de la Oficina lleva solamente 5 meses.
Para el funcionario, era necesario modificar el régimen disciplinario teniendo en cuenta que llevaba 30 años y "no estaba actualizado respecto a los tiempos y la agilidad que se necesita". Sin embargo, también destacó un fundamento "ético" que distingue ahora a la Oficina de Sumarios con respecto al anterior sistema, ya que actualmente "no hay relación entre los abogados sumariantes o los propios administrativos con los estatales bajo la lupa. Antes había una relación diaria entre ellos, lo que podía llegar a que se 'plancharan' o no se les diera prioridad a ese sumario o a esa investigación administrativa", aseguró.
"Hay más transparencia e imparcialidad. Esto no solamente beneficia al Estado sino también al empleado, ya que tendrá una solución rápida. Que esté sumariado no significa que reciba una sanción", destacó Suárez.
Según la información proporcionada por el ministerio de Gobierno, hay 972 sumarios con la anterior legislación, que se reparten entre la gestión de Celso Jaque (343 sumarios), Francisco Pérez (313 sumarios) y Alfredo Cornejo (316 sumarios). "Tenemos de hecho un sumario que se inició en 2005 y aún no termina, por la complejidad, burocratización y complejidad del caso. Pero como no es retroactivo, no podemos agilizarlo, se debe esperar a que se finalice con la metodología anterior", detalló el subsecretario de Modernización.
En tanto, con esta nueva Oficina, en 5 meses se abrieron 70 expedientes, de los cuales ya hubo dictamen en 18. El camino sigue con el sumario en la Junta de Disciplina (luego de los alegatos), que tiene solamente 10 días para expedirse (más un pedido de 10 días más de prórroga según la dificultad del caso).
"Lo importante es que si la Junta no se expide y no aconseja al Poder Ejecutivo sobre si aplicar -o no - sanción y qué tipo de sanción al sumariado, automáticamente pierde su competencia y pasa directamente al Ejecutivo, para que tome una decisión", acotó el funcionario.
Casos llamativos
Entre los ejemplos que dieron desde el Gobierno de cesantías por investigaciones de años anteriores, se destaca un empleado de Salud que fue despedido luego de presentar un parte de enfermo por 1.105 días, y que una vez en el trabajo se ausentó de manera injustificada por 15 días más. Otro caso se dio en Cultura, con un estatal que también fue cesanteado por tener 240 inasistencias; mientras que en el ex ministerio de Ambiente, un trabajador faltó 108 días y tampoco lo pudo justificar.
Otro caso se dio hace pocos días en el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil (ex COSE), debido a que 11 empleados falsificaron sus títulos secundarios y de esta manera fueron desvinculados del Estado.
También en la Administración Tributaria Mendoza (ATM) se cesanteó a estatales que "eliminaron datos sobre una deuda que tenía una persona". Y se desvinculó a otro trabajador en octubre del año pasado que se apropió de la tarjeta de débito de una persona en un Registro Civil y la utilizó para comprar cuatro neumáticos.
Malestar gremial
En contraposición al Gobierno, Roberto Macho, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se mostró disconforme con esta nueva metodología en los sumarios porque "se cambiaron las reglas". Y aseguró que "se debería haber debatido en paritarias".
"Ha habido una modificación del proceso sumarial, por lo que esto necesariamente tiene que ser discutido con los gremios", insistió Macho, quien no obstante reconoció que era necesaria una agilización del sistema.
Respecto a los sumarios, afirmó que "muchos han sido recurridos porque la Oficina de Sumarios utiliza el mismo sistema de asistencia para todas las dependencias. En Hidráulica, por ejemplo, se trabaja 5 días corridos en un lugar y los trabajadores marcan una sola vez, pero la Oficina decide abrir un sumario", denunció.
Y agregó que lo mismo ocurre con los delegados gremiales, ya que "si bien se emite la certificación por una asamblea o actividad y se presenta en el Estado, no la toman y la marcan como inasistencia injustificada".
"Al Gobierno se le va a venir una catarata de demandas. Han hecho una mezcla terrorífica con esta Oficina", cerró.
El número
70 nuevos sumarios. Se abrieron en la Nueva Oficina que empezó a funcionar en febrero. Con la legislación vieja -anterior a 2018, quedan aún 972 por resolver
