La Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública cerró el plazo para recibir las declaraciones juradas que deben presentar todos los funcionarios públicos y miembros jerárquicos de los tres poderes del Estado, intendencias y concejos deliberantes.
Con la flamante ley de Ética Pública, que se aprobó en agosto de este año, ahora es este nuevo organismo, comandado por el ex legislador radical Gabriel Balsells Miró, el que debe controlar el crecimiento del patrimonio de los funcionarios que manejan recursos del Estado. Anteriormente, esta acción la llevaba a cabo la Fiscalía de Estado.
Sin embargo, además de estos funcionarios, quienes deberán presentar también sus declaraciones juradas con sus bienes son los sindicalistas, además de los proveedores y concesionarios del Estado.
Según comentó a Los Andes Balsells Miró, la presentación de estos datos "ha tenido una muy buena recepción por parte de los políticos, sobre todo de los que debían declarar por primera vez sus bienes ante un organismo de control".
“Hemos tenido muchísimas consultas, por lo que el trabajo en la Oficina ha sido muy arduo en los últimos días, ya que recibimos un aluvión de declaraciones”, destacó el titular de Ética Pública, y fue optimista con que todos los sujetos obligados terminen presentando sus datos.
Es que aún existe un 20% de funcionarios y "sujetos obligados" que no han realizado sus presentaciones, por lo que, según especifica la ley, deberán ser intimados y tendrán un plazo de 10 días para cargar los datos.
Alejandro La Micela, director de Registro e Informática del organismo, detalló que ya tienen cargadas unas 4.900 declaraciones juradas, que incluyen a los funcionarios de los tres poderes del Estado, organismos descentralizados, proveedores y también sindicalistas.
El funcionario dijo que se abrió un plazo de algunas horas para que aquellos que subieron sus datos con errores o faltantes puedan corregirlos, pero ya no se recibirán nuevas presentaciones hasta que se abra el plazo de intimación, que aún no se ha decidido pero estiman que podría ser el lunes o martes de la semana que viene.
Respecto al Poder Judicial, La Micela informó que los jueces y el resto de los magistrados tuvieron tiempo de presentar sus declaraciones hasta el 31 de agosto, por lo que, si bien no están en la base de datos de la Oficina, sí se puede acceder a las mismas y ya las tienen a mano.
Asimismo, destacaron que la idea "no es sancionar" a quienes no han presentado las declaraciones juradas, ya que hay casos en los que esas personas -si bien se hicieron capacitaciones- no han comprendido bien cómo funciona el sistema y han tenido problemas para realizar el procedimiento.
Mientras tanto, en el sitio web de la Oficina de Ética Pública ya aparecen de manera pública las declaraciones de los funcionarios con sus inmuebles, vehículos y cuentas bancarias -también de sus cónyuges-, pero no el sueldo, item que sí era público en la web de Fiscalía de Estado.
En el caso de los magistrados, informaron también que a partir del año que viene se deberán acomodar a las reglas de la Oficina, cargando los datos en su propia base de datos.
De esta manera, aquellos que no presenten su información incluso luego de la intimación, serán sancionados con una multa, como establece el artículo 21 de la ley de Ética Pública 8.993. Esta podrá ser equivalente "como mínimo al diez por ciento y como máximo al veinticinco por ciento de la remuneración bruta mensual del Gobernador de la Provincia de Mendoza" (unos 120 mil pesos).
Por último, Balsells Miró indicó que se prorrogó el plazo de presentación a los proveedores y concesionarios del Estado por “problemas técnicos” a la hora de establecer los parámetros de cada empresa en cuanto a qué se debía declarar, según de cada caso.
