Con el argumento de no poder pagar a efectos de no disparar la cláusula RUFO, que rige los bonos canjeados en 2005 y 2010, el Gobierno argentino está recorriendo un sinuoso camino destinado a esquivar al juez de Nueva York.
Por las señales dadas hasta ahora, la decisión del Gobierno nacional es no cumplir con el fallo del juez, que ordenó pagar a los fondos buitres el 100% del valor de los antiguos bonos que no ingresaron al canje.
El fallo es a todas luces equivocado, al reconocer a tenedores del 1% de la deuda, mayores derechos que los que arreglaron el 92% del resto.
El tira y afloje del Gobierno con el juez va tomando características propias de una novela de suspenso. Todos los días aparece alguna jugada inesperada que obliga a tomar distancia para saber qué puede seguir y es muy complejo vaticinar el final de la película.
Dado que el juez prohibió al Banco de Nueva York transferir los fondos a los bonistas con títulos bajo ley norteamericana, Argentina quedó técnicamente en default con esos bonistas. Pero, como se les había pagado a otros, se lo ha calificado como “selectivo”, que es una forma de decir que es parcial.
Frente a esto, el Gobierno argentino comenzó una embestida muy fuerte contra el juez. En principio, a través de declaraciones públicas, descalificando al magistrado, al mediador y al fallo.
El juez, más allá de mostrarse molesto, ordenó seguir las negociaciones pero los argentinos redoblaron la apuesta.
Lo primero fue publicar una solicitada en diarios norteamericanos diciendos a los bonistas que si quieren cobrar pueden pedir que se les pague en otra jurisdicción ajena al Juez Griesa.
Ésta es una alternativa que se venía manejando pero se optó por sugerir a los bonistas que sean ellos los que elijan el cambio de locación. La oferta es tentadora ya que es seguir cobrando o ir a un juicio con destino incierto.
La segunda jugada estuvo dada en dos tiempos. Primero, Kicillof se quejó porque el presidente Obama no llamaba la atención al Juez Griesa, algo así como pidiendo la aplicación de un “correctivo”.
La segunda fue cuando se conoció que la Argentina demandaba en la Corte Internacional de Justicia de La Haya al gobierno de Estados Unidos, para responsabilizarlo por las decisiones del juez.
Por supuesto, hace falta que el Gobierno norteamericano acepte la jurisdicción de la Corte y decida enfrentar a la Argentina. Dado que la jurisdicción es voluntaria, el Gobierno argentino tiene que ofrecer una jurisdicción alternativa en caso que el gobierno de Obama no acepte el juicio
Mientras tanto, continúan las negociaciones entre un grupo de bancos internacionales, encabezados por el J.P.Morgan, al cual se han sumado empresarios argentinos.
Las negociaciones estarían encaminadas, en principio, a pagar una suerte de garantía para que el juez libere los pagos mientras siguen las negociaciones entre los buitres y el gobierno argentino.
Se había especulado con la compra del total de los bonos en poder de quienes ganaron el juicio, pero el problema es que han tomado nota de que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nunca pagará lo que dice el juez.
Por eso no arriesgarían a comprar los bonos y sólo pondrían una garantía que es de negociación y no de pago.
Por ahora las negociaciones continúan y no se conocen los detalles. Mientras tanto, los mercados siguen apostando a que estas conversaciones terminarán bien. Ése es el motivo de las oscilaciones que están teniendo tanto las acciones como los bonos argentinos.
Bonistas al ataque
No se sabe si es parte de la estrategia argentina o es una iniciativa individual pero, por estos días, está por presentarse una acción de amparo de bonistas europeos ante la Justicia argentina, en una movida que parece creativa o, al menos, escarba en algunos vericuetos jurídicos desconocidos.
Los abogados de los bonistas parten del argumento de que el dinero argentino está depositado en Argentina en una cuenta que tiene el Banco de Nueva York en el Banco Central.
El banco neoyorquino actúa en nuestro país bajo la ley argentina y tiene personería jurídica local. Por lo tanto, el juez no tendría jurisdicción para dar órdenes sobre activos depositados en sus cuentas en Argentina.
De tal manera, pedirían que el dinero se deposite en euros en la cuenta del Banco de Nueva York en el Banco Central para que se transfiera a una cuenta del mismo banco en Luxemburgo, para que estos bonistas puedan cobrar fuera del alcance de Griesa.
Otra alternativa es transferir a cuentas del banco en Bruselas, para que se deriven al Deustche Bank, en Alemania, o a Euroclear o a Clearstream para ser distribuido entre los bonistas europeos.
Bajo la misma óptica, el Gobierno argentino está intimando al Banco de Nueva York y al Citibank para que hagan efectivos los pagos depositados en sus cuentas a los bonistas bajo pena de hacer caducar los convenios por incumplimiento de contratos.
Esto es aparte de las demandas iniciadas en los Estados Unidos, argumentando que los bonistas tienen derecho a cobrar sus acreencias, que el deudor depositó y que el juez los perjudica al no permitir hacer efectivo el cobro.
Éste es un breve resumen de los frentes abiertos hasta el momento pero el tema tiene una dinámica propia por el empecinamiento de los tres actores (Griesa, el Gobierno argentino y los buitres).
Todos los días nos podemos sorprender con algo nuevo pero lo cierto es que Argentina cuenta con la compañía de los bonistas que entraron al canje y quieren cobrar.
Por detrás, sobrevuela el fantasma de un nuevo canje bajo otra ley, pero ésa sería otra novela de finales inesperados, que podría hacer nacer una nueva generación de buitres.
Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes
