El sector de la construcción es otra de las actividades limitadas en la actual crisis sanitaria. De todos modos la realidad es que no habría una fuerte incidencia por la limitación temporaria del sector construcción, ya que antes de que estallara el delicadísimo problema de salud, ya se encontraba con dificultades determinantes de la caída de puestos laborales.
Todos ansiamos superar la actual crisis mientras se aguarda la recuperación del mercado laboral. Habrá que esperar que comiencen a ponerse en marcha estrategias de realización como las del plan Argentina Hace, creado en el ámbito del Ministerio de Obras Públicas de la Nación.
Se trata de un programa federal a partir del financiamiento de obras y servicios públicos para el mejoramiento de barrios deficitarios, incidiendo también en la reactivación de las economías locales de los 2.307 municipios que tiene el país, con cuatro grupos de posibles obras prioritarias: agua y saneamiento, infraestructura hídrica, accesibilidad y conectividad urbana y rural, y equipamiento social.
En lo que concierne a agua y saneamiento, implica facilitar el acceso a la red de agua potable y desagües cloacales mediante extensiones, conexiones domiciliarias, previéndose para ello la provisión y colocación de insumos y adecuación de núcleos húmedos domiciliarios.
Las obras que se inscriben bajo la consigna de accesibilidad y conectividad urbana y rural están dirigidas al mantenimiento y construcción de corredores viales de acceso a ciudades y localidades, como pavimentación, ciclovías, cruces y puentes peatonales, señalización y forestación.
De no alterarse los objetivos de financiamiento de estos emprendimientos, los gastos que demande el plan serán cubiertos con las partidas presupuestarias que asignará Nación, según cada convenio específico, y los proyectos de obra que previamente deberán ser aprobados por el Ministerio correspondiente. La inversión para todo el país es de 8.500 millones de pesos.
Para la ejecución de estos emprendimientos, se convocó a las provincias y los municipios a involucrarse directamente en su realización a través de las diversas entidades de la comunidad que se encuentren legalmente constituidas, tales como cooperativas de trabajo, cooperativas de provisión de obras y servicios públicos, asociaciones de vecinos, organizaciones sociales, trabajadores de la economía popular y pymes.
En caso de no contarse con la participación de algunas de estas entidades en condiciones técnicas de realizar la obra, la misma podrá ser ejecutada por administración pública, acentuando la contratación de nuevos trabajadores para las labores a desempeñar.
Repetimos. Habrá que esperar el momento propicio de llevar a cabo esta trascendente iniciativa, aunque como dijo el Presidente, además de esperar a que se atempere la pandemia, otra meta es reactivar las economías locales a partir de la ejecución de trabajos de infraestructura.
La autoridad de aplicación del plan será una unidad coordinadora integrada por personal del Ministerio de Obras Públicas.
Como las ejecuciones serán financiadas en función de los recursos existentes, con fondos nacionales y desarrolladas de forma descentralizada por la vía de convenios con las provincias o los municipios, es de esperar que prosperen modos de fiscalización de las inversiones, y desalentar cualquier desvío o mala utilización de los dineros asignados a estas ejecuciones.
Sería oportuno que el Gobierno provincial y los municipios procedan a la pronta presentación de proyectos aprovechando la financiación disponible de $ 8.500 millones. De todos modos, por lo menos 13 comunas ya tienen aprobada su participación en esta operatoria.
Según técnicos locales en vivienda social, proporcionalmente a su población, Mendoza debería disponer, en función del tamaño de su población, de un cupo de alrededor del 4,5% de los recursos del plan Argentina Hace. Es de esperar que las propuestas del plan puedan cumplirse.
