En un contexto nacional de ajuste educativo, con cierres de escuelas, de cursos y de Institutos de Educación Superior (IES), y mientras en la provincia se reduce por tercer año consecutivo el porcentaje del presupuesto destinado a la Educación, el Gobierno ha anunciado una serie de cambios sobre los IES. Estos anuncios informales a través de declaraciones mediáticas, nos sumen en la incertidumbre y desacreditan públicamente nuestros IES, presentando la inversión en ellos como "gasto".
De implementarse estas medidas, se cometería un grave ultraje a la autonomía de las instituciones de educación superior, a los derechos laborales docentes y a los derechos de los estudiantes al acceso a la educación superior.
En un nivel en el que las instituciones son dirigidas democráticamente con representación de todos los claustros, las reformas que se pretenden instalar no han sido construidas con la comunidad educativa, cuyos integrantes son en definitiva quienes más saben acerca de la educación superior y su gobierno. Así, se descalifica la producción de conocimientos de los IES en años de experiencia en la formación de técnicos y docentes. Una muestra más del autoritarismo del gobierno de Cornejo.
En un nivel en el que por muchos años los docentes permanecieron suplentes, con la precariedad que eso conlleva y en el que el propio Gobierno no ha finalizado el proceso de titularización por paritarias que intentaba remediar esa situación, ahora pretenden seguir avanzando contra la estabilidad laboral y flexibilizarlos, estableciendo un contrato laboral que finalizaría cada 7 años.
Los IES cumplen una función social: son los únicos lugares donde los jóvenes y adultos de la clase trabajadora y del "interior" pueden acceder a la educación superior y obtener un título profesional que significa para ellos/as la posibilidad de mejorar sustantivamente sus condiciones de existencia.
Colocar un examen de ingreso selectivo, centralizar la formación en un edificio modelo en el Gran Mendoza o reducir la oferta a un puñado de carreras prioritarias como se pretende, privaría a gran parte de esta población de poder estudiar. Además, se dejaría a los territorios del interior de la provincia sin los centros de desarrollo sociocultural y del sector productivo local que representan los IES. Garantizar el derecho a la educación superior no radica únicamente en no cerrar carreras ni institutos. Implica considerar aspectos socioeconómicos. Si la cantidad de estudiantes se reduce, si hay deserción no es porque "no exista demanda" o los IES "no son eficientes". No se puede estudiar en ocasiones por el costo elevado del transporte. No se puede estudiar si se debe organizar los horarios de cursado en función de la disponibilidad del edificio compartido, y no de los horarios de trabajo de los alumnos. Quienes tienen hijos no pueden estudiar si alguien no los cuida mientras están cursando.
Por todo lo mencionado desde el SUTE, defendemos la Educación Superior en Mendoza: en cada departamento; con carreras diversas, que contemplen los intereses personales y las necesidades de cada territorio; en los que todos podamos ingresar, permanecer y egresar, con boleto estudiantil gratuito, edificios propios, horarios adecuados, jardines maternales, y acompañamiento a sus diversas trayectorias. Y con autonomía, para que estudiantes, docentes, y egresados puedan participar en la toma de decisiones.
