Los datos aportados por la última Encuesta de Condiciones de Vida, publicada por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas, respecto del nivel educativo de los mayores de 65 años, permite realizar también una reflexión respecto de la educación en el pasado y compararla con el presente, a los efectos de poder establecer cómo se ha trabajado en las últimas décadas en esta cuestión fundamental para la sociedad.
Sirve también para considerar dónde estamos parados y establecer cuáles pueden llegar a ser las falencias a los efectos de superarlas y actuar con miras al futuro, en un trabajo conjunto en el que debe participar toda la dirigencia política, más allá de su condición partidaria.
Nadie duda de que el cambio fundamental en el plano educativo lo dio la sanción de la ley 1.420 (1884), que constituyó el gran salto desde el analfabetismo a la escuela primaria obligatoria.
Fue pensada para un momento histórico en que se deseaba alfabetizar y unificar a la población para alcanzar “el desarrollo moral, intelectual y físico de todo niño de seis a catorce años”, como establece su artículo primero, a la vez que fijaba en su artículo segundo que la instrucción primaria debe ser “obligatoria, gratuita, gradual y dada conforme a los preceptos de la higiene”.
Esas personas de más de 65 años a que hace alusión la encuesta, estudiaron bajo los preceptos de la 1.420. Pocos lograron alcanzar el nivel secundario en razón de que un 37% sólo terminó el nivel primario y un 45% ni siquiera pudo completarlo. Sin embargo, esos escasos -en cantidad- años de conocimiento les sirvió también a gran parte de esos grupos para desenvolverse en la vida y para encarar inclusive proyectos importantes.
Para muchos, el saber alcanzado por los alumnos de aquellos años puede compararse -o superar en algunos casos- los obtenidos por alumnos actuales a punto de culminar el segundo nivel educativo, aún a pesar de las ventajas tecnológicas con que cuentan los estudiantes de hoy. Un aspecto que debería ser considerado por los técnicos en la materia a los efectos de establecer un mix entre la calidad educativa y la escuela inclusiva, que es lo que se debate.
Mucho más cercano en el tiempo (setiembre de 2006), otro paso importante dentro del ámbito educativo lo dio la sanción de la ley que establece la obligatoriedad del nivel secundario, medida que estuvo acompañada por un incremento importante en el porcentual del Presupuesto nacional que se destina a la educación. Sin embargo, también aquí quedan tareas por hacer.
Las cifras publicadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo indican que en las naciones industrializadas el 75% de los mayores de 25 años concluyó la escuela secundaria, mientras en la Argentina ese porcentaje alcanza a un 42%.
Mientras otra estimación del mismo organismo nos informa que en Chile, de cada 100 alumnos que ingresan al nivel secundario, 83 se reciben; cifra que disminuye a 65, en el caso de Brasil, pero en nuestro país promociona apenas el 43%. Cada vez más vecinos están por encima de nosotros, cuando antes era al revés.
También inquietan las cifras que indican que en 2011 hubo menos alumnos en el último año del secundario que en 2003 y que en este último año concluyeron el ciclo secundario 33.500 alumnos menos que en 2003, con un preocupante proceso de deserción escolar en la escuela estatal respecto de la privada.
Se han intentado distintas alternativas, se han aplicado diversos proyectos y se han implementado planes de estudios para mejorar, pero la solución aún no se encuentra.
Y aunque parte de la culpa recae también sobre la sociedad, en particular los padres, la responsabilidad principal es de la dirigencia política, que décadas atrás supo hacer lo que hoy no logra de ningún modo.
