La decisión de la Dirección General de Escuelas, de dejar atrás el sistema de amonestaciones o de inasistencias, si bien tiene como objetivo fundamental el de evitar la deserción escolar, especialmente en el ámbito de la escuela secundaria, deja la incertidumbre sobre si se lesionará, o no, la calidad educativa. Especialmente por el hecho de que puede quedar en tela de juicio la necesaria disciplina en el ámbito escolar, que lleva a que muchos padres decidan enviar sus hijos a colegios privados.
No se puede hablar de falta de interés en las autoridades educativas en lo que hace a mejorar la educación. Los números son demostrativos: en los últimos seis años el presupuesto del área aumentó hasta llegar a un 6,4% del PBI; la cantidad de escuelas aumentó de 28 mil a 53 mil y los cargos docentes de 398 mil a 453 mil. Paralelamente se repartieron dos millones de netbooks, aunque en este último caso la carencia de un seguimiento de los objetivos buscados hace que aún no quede claro el real aporte de estas nuevas tecnologías al saber tradicional.
Sin embargo, pese a ese avance importante en la inversión, se ha incrementado en un 11% la cantidad de alumnos que ingresaron a colegios privados, frente a sólo un 1% de quienes priorizaron el sistema estatal. De los 451.482 nuevos alumnos, 373.174 lo hicieron en colegios privados y 78.308 en estatales. Según los especialistas, los padres que decidieron enviar a sus hijos a colegios privados se dividen en dos grandes grupos: los tradicionalistas, por un lado, y los frustrados con el sistema público, por el otro. En su gran mayoría se trata de personas que se formaron en escuelas estatales pero deciden cambiar para que sus hijos tengan un ciclo lectivo normal o bien porque existe un mayor respeto por las autoridades y la disciplina.
Respecto de la decisión provincial de modificar el sistema de amonestaciones por otro con puntaje similar al que se utiliza para el carnet de conducir (en el que cada alumno comienza con una cantidad determinada de puntos, los que irán bajando ante cada falta, o el cambio en el régimen de inasistencias, que determinará que el alumno deberá rendir sólo las materias que desaprobaron por no asistir,) tiene como objetivo específico la contención del alumno dentro del sistema educativo. Pero cabe preguntarse qué sucederá con la calidad educativa.
La titular de la DGE aseguró en la Legislatura que trabajará al máximo para mejorar la calidad, pero resulta difícil que ese mix entre calidad y contención pueda cumplirse en la realidad. En teoría, puede resultar válida la intención de trasladar la responsabilidad del comportamiento de los chicos hacia los padres (quienes deberán responder con dinero o con tiempo para trabajos comunitarios los problemas que pueda llegar a generar el alumno), pero es sabido que resultará muy difícil llevarlo a la práctica. Más aún cuando los hechos han demostrado que existen casos en que son los padres los que agreden física o psíquicamente a los docentes y que muchas veces también el chico regresa al colegio antes de que la docente pueda superar los problemas generados por la agresión.
Mejorar la educación no es tarea exclusiva de un gobierno, sino que la responsabilidad recae en toda la dirigencia política. Los colegios deben contener, pero no pueden convertirse en meros tutores dejando de lado la calidad de la educación.
Quizá sea útil recordar que la Unesco, en base a datos de la prueba PISA, determinó que los mejores alumnos argentinos tienen el mismo nivel en matemática que los peores de Europa, Estados Unidos o Asia y que la Argentina se encuentra entre los países donde la brecha educativa entre los que más y menos saben, es amplísima.
