Recientes declaraciones del juez Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pusieron en claro la posición que mantiene el máximo tribunal del país en tiempos de convulsión institucional por las desinteligencias políticas sobre la conformación del Consejo de la Magistratura.
Este conflicto se dio, fundamentalmente, por la decisión del oficialismo de propiciar la ampliación del número de integrantes del órgano a cargo de la nominación y evaluación de los jueces.
Precisamente, el alto magistrado criticó a los poderes políticos del Estado por encarar reformas inconsultas con la Justicia cuando de lo que se trata, justamente, es de introducir modificaciones en la conformación de sus distintos cuerpos, como ocurre en este caso puntual, siempre con el consentimiento de los miembros de ese poder del Estado.
También se expresó con contundencia al despojar a la Corte de toda sospecha de inclinación partidaria. “La Corte Suprema no puede hacer populismo judicial”, sostuvo descartando cualquier tipo de afinidad o cercanía con dirigentes políticos por parte de los miembros del máximo tribunal.
De ese modo, el juez supremo defendió claramente la resolución de la Corte que en diciembre determinó la inconstitucionalidad de la ley que rigió durante varios años en el funcionamiento de la Magistratura, inspirada por la entonces senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner, y consideró que lo ahora vigente se ajustó plenamente a derecho. Rotundo respaldo a sus pares supremos.
Justamente, fue el doctor Lorenzetti quien, hace diez años, exigió que no se persiguiera desde el Estado a quienes piensan diferente, remarcando que toda crítica no debe ser censurada, pues la misma “es parte de la libertad de expresión” vigente en un sistema republicano. En aquella oportunidad Lorenzetti ejercía la presidencia de la Corte Suprema y se pronunció en el discurso inaugural del año judicial de 2012, en plena embestida crítica del kirchnerismo hacia opositores políticos y jueces no afines ideológicamente.
Como se puede observar, han pasado los años, pero el afán persecutorio a políticos disidentes y magistrados judiciales que investigan en forma independiente no parece haber cesado en el kirchnerismo nuevamente gobernante. Es una obsesión que mantienen los integrantes del frente político oficialista, principalmente preocupados por conseguir despejar de causas en su contra a sus principales dirigentes por irregularidades cometidas en el ejercicio del poder en más de diez años en la conducción del Estado.
Por todo ello resultaron oportunos los conceptos vertidos por el juez Lorenzetti en una entrevista periodística. Por un lado, pusieron en evidencia que el poder político es el que presiona a la Justicia para que ésta responda como si fuese un organismo de él dependiente, cuando de lo que se trata es poner la suficiente distancia de los magistrados con los intereses partidarios y sectoriales para garantizar una justicia solvente.
El Judicial es un poder y debe ser escuchado como tal conforme sus requerimientos. Conflictos como el que fuerza actualmente el oficialismo debilitan estructuras y no contribuyen a la mejora de servicio de justicia que la ciudadanía requiere.
