El Gobierno nacional anunció una reforma integral del sistema de inteligencia. Eso implica la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la creación de una nueva estructura, bastante novedosa.
La medida se justifica en las irregularidades detectadas por la actual administración y que estuvieron en el centro de las versiones que rodearon la salida de Nicolás Posse de la jefatura de Gabinete.
En su momento se habló de la posibilidad de que el funcionario se hubiera excedido en sus atribuciones respecto de la AFI y, nuevamente, como en gobiernos anteriores, se mencionó la existencia de operaciones ilegales de espionaje que habrían tenido como objetivo el seguimiento de periodistas y de miembros del propio Gobierno.
Las versiones llegaron a ser contradictorias: por un lado, se señalaba a Posse como el autor intelectual de esas operaciones; por el otro, se lo valoraba como quien se habría opuesto a ellas y las habría neutralizado.
A partir de ahora, la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) no estará en la órbita de la jefatura de Gabinete sino que dependerá directamente del presidente Javier Milei y tendrá control operativo sobre cuatro nuevas agencias, cada una con un rol específico.
El Servicio de Inteligencia se encargará de recopilar información estratégica a nivel global y cooperará con agencias aliadas para prevenir amenazas contra el país.
La Agencia de Seguridad Nacional se concentrará en la detección temprana y la generación de información sobre delitos federales complejos y amenazas de organizaciones criminales y terroristas.
La Agencia Nacional de Ciberseguridad apuntará a la protección de la infraestructura informática del país, desarrollando soluciones para la detección y contención de los ciberataques.
La División de Asuntos Internos supervisará y auditará el manejo de recursos por parte de las agencias para garantizar el encuadre institucional y jurídico de las operaciones. Traducido, sería la encargada de prevenir el espionaje ilegal.
Además, la Side coordinará y controlará a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y a la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, dependientes de los ministerios de Seguridad y de Defensa, respectivamente.
El objetivo general de la reforma apunta a potenciar el trabajo no sólo a nivel interno, sino también externo, para redirigir y mejorar las tareas de protección del país ante la compleja coyuntura que se vive a nivel internacional.
En ese sentido, se especula que el Gobierno habría diseñado la nueva estructura con cierto apoyo de Estados Unidos e Israel, dos países que tienen una gran experiencia en la materia y que están en la primera línea de las prioridades fijadas por el Presidente para las relaciones internacionales.
Con todo, no habría que perder de vista que desde el retorno de la democracia el país encaró distintas reformas de su sistema de inteligencia y nunca encontró un modelo satisfactorio.
Por el contrario, con increíble regularidad, los ciudadanos nos hemos anoticiado de que era usado por las autoridades de turno para actividades de espionaje interno que están expresamente prohibidas por ley.
Esperemos que la reforma propuesta no sea otro maquillaje para seguir haciendo lo mismo de siempre.
