La detención del exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, dispuesta por la Cámara de Casación Penal de la Justicia entrerriana, constituye otro importante impacto contra los hechos de corrupción en la función pública que abundaron, principalmente, en las últimas décadas en nuestro país.
En este caso los jueces actuantes confirmaron la sentencia previa por corrupción dictada contra el también exembajador en Israel, con una condena a ocho años de prisión e inhabilitación a perpetuidad para ejercer cargos públicos.
Debe recordarse que la Justicia probó en primera instancia, en abril de 2022, que Urribarri había dispuesto ilegalmente de fondos públicos que, en gran medida, terminaron financiando sus campañas electorales a través de contratos de imprenta y publicidad. Por otra parte, hubo otras maniobras delictivas que potenciaron la decisión de los jueces en su contra.
No puede dejarse de lado, además, que todo el proceso judicial encarado por las irregularidades de Urribarri incluyó un liso y llano hostigamiento contra el periodista que investigó y denunció públicamente las acciones delictivas luego comprobadas. También apuntaron contra la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, a cargo de la causa, que terminó siendo destituida y cuyo futuro profesional y judicial se encuentra ahora en manos de la Corte Suprema de la Nación ante la expectativa de profesionales del Derecho, jueces y fiscales de todo el país que esperan la restitución del cargo para la destacada fiscal.
En efecto, deberá la Corte salvar una gran injusticia y anomalía a la vez. Fue llamativa la influencia ejercida para dejar de lado a la fiscal Goyeneche con la participación de la política como parte integrante del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos. Se pudo ver cómo la corruptela de un sector de la vida institucional entrerriana pudo sacar del camino a una funcionaria judicial que manejó en forma impecable un caso de corrupción contra quien fuera la máxima autoridad institucional de la provincia litoraleña.
Esta detención de Urribarri tomó más notoriedad por haberse producido poco tiempo después de que la Casación Penal Federal ratificara el fallo condenatorio contra la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como de la obra pública.
Uno y otro caso nos permite insistir con que el combate contra los hechos cometidos a modo de saqueo a los bienes del Estado desde sitiales obtenidos por el voto popular debe potenciarse y contar con el respaldo político y judicial correspondiente, de manera de poder cumplir con los objetivos trazados. Ningún funcionario es dueño de lo que utiliza y, por lo tanto, es absolutamente inconcebible la disposición de los recursos del Estado para cuestiones personales.
Además, es muy elogiable la actitud de los jueces actuantes para dejar de lado cualquier sospecha de influencia o presión por parte de intereses vinculados directamente con el acusado, en este caso el ex gobernador Urribarri. La distancia requerida entre el Poder Judicial y los dos restantes poderes del Estado es fundamental para el correcto funcionamiento de las instituciones.
Ya es tiempo de que el manejo arbitrario y discrecional de los recursos del Estado, tanto en el orden nacional como de las provincias, quede definitivamente de lado, de modo de tender a una mayor garantía ciudadana del buen manejo de lo que produce el esfuerzo de cada día.
