Los ingresos de los jubilados son permanente tema de debate en el país, con más razón en virtud de la crisis económica radicada desde hace varios años. El fuerte impacto inflacionario iniciado en la parte final del anterior gobierno complicó más la situación.
Afortunadamente, el de las jubilaciones parece ser ya un tema de agenda para la política. Mientras un grupo de legisladores anunciaba que pedirá una sesión especial para abordar la situación, desde el Ejecutivo informaron que la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria vigente será, también, prioridad entre lo que se proponga debatir en breve.
Realmente, los últimos aumentos porcentuales anunciados, si bien pueden considerarse un alivio, no cubren la inflación acumulada de diciembre y enero, que alcanzó el 51,3%.
Aún falta computar la suba de precios de febrero, lo que llevaría la inflación trimestral a duplicar con holgura el incremento anunciado para la clase pasiva.
Está claro que con la fórmula de movilidad jubilatoria sancionada en la gestión de Alberto Fernández los haberes previsionales sufrieron una fuerte pérdida: más de 40% en términos reales, es decir, en relación con la suba de los precios.
El kirchnerismo descubrió ahora la necesidad de no someter a los pasivos al oprobio, aunque olvidó el tema durante los cuatro años de mandato del hombre elegido por Cristina Kirchner.
La exvicepresidenta advirtió que “están jugando con la mesa de los argentinos”, en relación con las políticas aplicadas por Javier Milei, aunque poco dijo de los errores cometidos por su elegido para la presidencia, ni en el virtual interinato de Sergio Massa.
Sin dudas, la fórmula necesita una actualización que establezca mantener el poder de compra para quienes realizaron los 30 años de aportes, como exige la actual normativa.
A fines de agosto de 2023, el 64% de los beneficiarios habían accedido a algún tipo de beneficio a través de moratorias, las que, por sus montos, licúan el aporte real que realizan los nuevos integrantes del sistema previsional.
Estos integran los grupos que resultan beneficiarios del pago de bonos, que en la práctica no incluyen a quienes efectuaron los aportes durante su vida laboral.
Otro de los aspectos por corregir es el de los regímenes especiales. Más allá de ciertas tareas que merecen un tratamiento en particular, existen numerosos cargos políticos incluidos en esos esquemas.
Un tema colateral es la reforma laboral, la cual, en el caso de que llegue a ser aprobada, permitiría el ingreso de más aportantes al sistema, que mantiene una relación de casi uno a uno con el número de beneficiarios. El esquema ideal es llevar esa relación a tres-uno.
Todos estos factores, vinculados con la mejora de los haberes, pueden demorar un tiempo prolongado en su aplicación, en especial las necesarias reformas de los regímenes especiales y la puesta en marcha de los cambios laborales. Esta circunstancia no puede actuar como justificativo para mantener un esquema de parches, que es el que ha venido caracterizando los mecanismos de gestión durante muchos años.
El gobierno nacional, que se fijó como meta alcanzar rápidamente el equilibrio fiscal, debe evitar que el peso del ajuste se descargue sobre la nómina de las jubilaciones y de los salarios, como sucedió en enero.
Por lo tanto, el sector pasivo merece la máxima prioridad en este momento de grave crisis socioeconómica, para evitar un deterioro irreversible en sus condiciones de vida.
Y resultaría muy alentador que este tema tan especial fuese aprobado en forma conjunta por todos los sectores partidarios del Congreso, dejando de lado acusaciones cruzadas sobre un asunto del que prácticamente todos son responsables.
