Los indicadores sociales y económicos de la Argentina no dejan de causar espanto. Es materia complicada encontrar en tiempo reciente una estadística que aliente mínimas esperanzas de recuperación en múltiples rubros.
La pobreza trepó al 42% y la escalada de precios de productos de la canasta familiar colocó en estado de descontrol la inflación. Asimismo, millones de ciudadanos quedaron marginados del mercado laboral formal.
Todo ello enraizado con el impacto demoledor que va teniendo la pandemia por el coronavirus, cuyos reportes diarios se traducen en más muertes y en miles de contagios en todo el territorio nacional.
Los datos más recientes de este contexto para nada alentador nos indican que una familia tipo de 4 integrantes necesitó el mes pasado más de 60 mil pesos para no caer por debajo de la línea de la pobreza. Sin embargo, las carencias alcanzan niveles de terrible estupor cuando se consigna que sólo para cubrir las urgencias alimenticias, ese mismo núcleo familiar necesitó en marzo 25.685 pesos.
Es el fruto amargo de la suba sin freno de los precios de la economía hogareña, lo cual se ve traducido en los índices de la inflación mensual.
Según registros del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), hubo un salto de 18.878 pesos respecto de la misma canasta familiar medida en marzo de 2020, que era de casi 42 mil pesos.
El peor escenario tiene que ver con el bastardeado derecho humano a una alimentación digna: el Indec pone en recuadro que si una familia tipo no logra el referido soporte económico para la comida diaria, entonces caerá en el desamparo de la indigencia.
Las conclusiones son dramáticas: en la Argentina de las trifulcas políticas a tiempo completo, hay gente que no tiene para comer. Y, peor aún, millones de niños, niñas y adolescentes son víctimas de un sistema insolidario y de inequidades manifiestas que los gobernantes no pueden doblegar.
Ello se observa sin equívocos en el aumento sostenido de los comedores o merenderos comunitarios en las zonas de mayor vulnerabilidad.
Referentes sociales advierten que la demanda de alimentos aumentó al ritmo de la fenomenal expulsión de personas del ámbito laboral, a caballo de las restricciones impuestas por la pandemia y de una escalada de costos que parece no tener pausa.
El pacto social, que incluya a las autoridades y a los formadores de precios en las distintas instancias de la producción, parece improbable, aun frente a una crisis terminal. No hay que esperar nuevos informes del Indec o de otros organismos que miden pobreza y desempleo para tomar conciencia de la emergencia que agobia a millones de argentinos.
