Una política de Estado con los biocombustibles

En 2006, bajo la administración de Néstor Kirchner, fue sancionada una ley para impulsar el uso de los biocombustibles, con desgravaciones impositivas para su uso en automóviles y en otros vehículos, como así para las inversiones que se realizaron en las plantas de producción. Esa norma vence en mayo, por lo que la oposición y un núcleo de legisladores peronistas impulsó el tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación de un proyecto de prórroga ya sancionado por unanimidad en el Senado.

Sin embargo, la iniciativa no tuvo el respaldo necesario, por lo que cabe esperar ahora el proyecto que elaborará el bloque del Frente de Todos, que encabeza Máximo Kirchner, el cual modificaría los contenidos de la iniciativa aprobada en la Cámara Alta.

Existe amplio consenso sobre los beneficios que provocan en el ambiente el uso de bioetanol –con base en la caña de azúcar, en el maíz y en el sorgo, entre otros componentes básicos– y de biodiésel, elaborado a partir de los aceites que aportan la soja y la colza, entre otros granos. La polución se reduce drásticamente en relación con los combustibles fósiles, además de que se industrializa la producción primaria, aunque este uso encarece el valor de los granos.

Las objeciones que ha planteado el oficialismo en Diputados es por el costo fiscal que implica la mezcla de biocombustibles con los producidos a partir del petróleo, como así por el impacto de las desgravaciones ante nuevas inversiones. Cálculos extraoficiales estiman que el Estado nacional dejó de recaudar unos 1.400 millones de dólares por los granos que no se destinaron a la exportación y se usaron para los biocombustibles.

En el entramado de este negocio aparecen también los operadores autorizados a realizar las compras de esta producción para entregarla a las empresas petroleras, que deben mezclar el 12% del bioetanol en las naftas y el 10% del biodiésel en las diferentes variedades de ese combustible.

Los intereses políticos tampoco son ajenos a este mercado, ya que la distribución de cupos y de precios se realiza a través de la Secretaría de Energía de la Nación, que suele privilegiar provincias y plantas productivas sobre un criterio partidista, según denuncian actores del negocio.

El mundo avanzó hacia la conciencia de que es necesario eliminar el monóxido de carbono y otros contaminantes por el uso de los combustibles basado en el petróleo.

Numerosos países ya establecieron normas para beneficiar el uso de la locomoción con base en la electricidad, iniciativas que también fueron adoptadas por la Argentina, aunque con un muy escaso empuje.

El Congreso Nacional, donde están representados los intereses de las provincias y la sociedad, debe avanzar en la sanción de una nueva ley, que incentive y desgrave la producción y las inversiones en biocombustibles.

Al mismo tiempo, será necesario establecer criterios transparentes y verificables sobre el accionar de los operadores, así como sobre los criterios que deben usar los organismos oficiales para la adjudicación y la remuneración de los productos.

El desarrollo de los biocombustibles, por último, no puede estar condicionado por los intereses de la industria petrolera, como fue visible en la renuencia en votar una nueva ley por parte de diputados de las provincias patagónicas, en las que se extrae la mayor cantidad de hidrocarburos.

Los legisladores están otra vez frente al desafío de establecer una política de Estado que beneficie a la producción agropecuaria y el desarrollo agroindustrial, junto al cuidado del ambiente, que se proclama como bien supremo en los objetivos del Gobierno nacional.