La destitución de una fiscal que investigó al poder generó conmoción en la política y preocupación generalizada sobre el respeto que siempre merecen las instituciones republicanas.
La doctora Cecilia Goyeneche, procuradora adjunta en Entre Ríos, tuvo la virtud de desmontar una trama de corrupción que condujo a la condena a ocho años de prisión del ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri.
Fueron cinco hechos de malversación de fondos y negociaciones incompatibles con la función pública los que lo condujeron a la dura sentencia, que incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Las irregularidades por las que fue investigado y luego sentenciado se produjeron, justamente, durante su paso por la Gobernación de aquella provincia.
En ese contexto, la doctora Goyeneche fue sometida a enjuiciamiento por su investigación en la causa llamada de los “contratos truchos” en la Legislatura entrerriana.
Según la ex fiscal la estafa ascendió a 50 millones de dólares a través de contrataciones simuladas por parte de un buen número de empleados de ambos cuerpos legislativos.
Hay que advertir que la línea de investigación que condujo a la destitución de la fiscal no estuvo basada en la del ex gobernador, sino por su participación en otra causa en la que, según quienes la juzgaron, debió excusarse.
De ese modo, la Justicia provincial halló un motivo para detonar con total celeridad contra la fiscal Goyeneche, lo que condujo a la conclusión, según distintos observadores, de que el poder político de turno encontró el atajo justo para embestir sin necesidad de salir a contrarrestar una situación prácticamente indefendible, como fue la del ex jefe del Ejecutivo de Entre Ríos.
El juzgamiento y destitución de la fiscal puede constituir, por qué no, un mensaje a otros tantos magistrados judiciales que en la Argentina se encuentran investigando denuncias de corrupción e irregularidades vinculadas con el ejercicio de la función pública.
En tal sentido, analistas recuerdan y destacan con acierto que en los próximos meses deberán producirse definiciones en causas en las que se investigan irregularidades en la obra pública durante los anteriores gobiernos kirchneristas.
El oficialismo de turno atribuye todos sus problemas con la Justicia a una imaginaria trama de persecución política y mediática, argumento con el que durante años ha logrado estirar los tiempos para que sus principales referentes no lleguen a enfrentar las instancias decisivas de los procesos iniciados.
El máximo tribunal de justicia del país ya entendió en el caso Goyeneche en fecha reciente, instando al tribunal superior de Entre Ríos a que decidiera sobre un planteo de la fiscal cuestionando la constitución del tribunal que luego la destituyó.
La Corte entrerriana se apuró, sí, pero sólo para ratificar a los miembros del tribunal.
Es probable que las apelaciones por parte de la defensa de la destituida fiscal Goyeneche tengan nuevamente punto final en la Corte Suprema de la Nación.
Y si a dicha instancia se llega resultará determinante lo que se resuelva, ya que si hay algo en lo que se mantiene unido el espacio gobernante es en hacer frente al Poder Judicial buscando por todos los medios limitar su necesaria independencia, a fin de lograr la total impunidad.
