El reciente informe anual de la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) planteó un crítico cuadro sobre el funcionamiento de las instituciones en la Argentina, tema acerca del cual ningún dirigente político debería sorprenderse.
Dicha institución señaló que la ofensiva del gobierno nacional contra el Poder Judicial, las demoras en la designación de magistrados y la corrupción, que también extiende al ámbito de la Justicia, “han socavado el Estado de Derecho en la Argentina”.
Debe aclararse, por otra parte, que dicha situación es encuadrada por HRW en un panorama también bastante crítico sobre el respeto a los derechos fundamentales en toda América Latina.
Sobre nuestro país, hace referencia el informe a determinadas anomalías, como la no designación del Defensor del Pueblo desde 2009, del Procurador General desde 2018 y de un miembro de la Corte en remplazo de la doctora Highton de Nolasco.
“Se trata de figuras clave en la protección de los derechos humanos en el país. Estos nombramientos deberían ser una prioridad para todas las fuerzas políticas”, se remarca.
En ese contexto, la organización pone el acento en una lamentable realidad argentina: “Los altos niveles de polarización y la incapacidad de la política para alcanzar consensos mínimos también están erosionando el Estado de Derecho”, marca el importante trabajo.
Dentro de ese lineamiento, funcionarios de HRW consultados por la prensa argentina sostuvieron, entre otras apreciaciones, que el anuncio de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como lo es el no acatamiento al fallo del máximo tribunal sobre la coparticipación quitada a la ciudad de Buenos Aires, “constituyen un gravísimo ataque a la separación de poderes”.
Justamente, una funcionaria de HRW expresó a un medio de Buenos Aires su preocupación por las medidas que impulsa el Ejecutivo en contra del Poder Judicial, en especial la Corte, considerando intolerable que tal situación “pueda contribuir a naturalizar la nociva práctica de que los gobernantes busquen destituir a jueces sólo porque no les gusta el contenido de sus sentencias”.
Como era de esperar, el gobierno nacional salió a criticar el mencionado informe, catalogándolo de “inconsistente y parcial” e incluso rebatiendo argumentos presentados por la organización de derechos humanos.
Funcionarios consideraron que “es la Justicia la que socaba el Estado de Derecho”. Y pusieron como ejemplo distintas acciones que el kirchnerismo durante años ha venido cuestionando con el argumento de que jueces, fiscales y políticos opositores arman causas judiciales para afectar a los principales referentes del actual oficialismo.
Para reforzar su embate, y como parte del contenido de un paquete de proyectos con el que se busca sustentar un pedido de sesiones extraordinarias del Congreso, el Poder Ejecutivo vuelve a plantear la ampliación del número de miembros de la Corte a quince y la modificación del Consejo de la Magistratura, otro de los asuntos por los que el Gobierno acentuó su ataque al máximo tribunal el año pasado.
Con el argumento de la persecución político-judicial y la idea de proscripción, el Gobierno tensa día a día su relación con la oposición y arremete peligrosamente contra la cabeza de uno de los tres poderes de la vida republicana.
