Los argentinos observan con angustia la suba imparable de los precios, que recorta, en especial, la capacidad de compra de quienes tienen ingresos fijos, y al mismo tiempo genera un serio desorden político y social.
La escalada no se detiene pese al programa de Precios Justos y a los publicitados anuncios del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, los cuales son de dudosa aplicabilidad y escasa efectividad.
Los precios al consumidor aumentaron 7,7% en marzo, un registro mensual inédito en casi 30 años. La corrida se mantuvo en la primera quincena de este mes. Las consultoras que revelan el consumo observaron un incremento similar en ese período, mientras los alimentos registraron aumentos por encima del 8 por ciento.
El impacto sobre las condiciones de vida de millones de argentinos es innegable. La pobreza y la miseria provocan, además, graves situaciones de deterioro social.
Ante este panorama, el gobierno de Alberto Fernández apenas reacciona con comentarios de escasa trascendencia. La inacción oficial contrasta con la energía que exponen los funcionarios en la búsqueda de posicionarse para las próximas elecciones.
Que los funcionarios nacionales actúen como panelistas de la televisión en cuanto a comentar la realidad, no es una novedad. Lo grave es el involucramiento en ese rol de figuras importantes de la gestión, que con sus mensajes deberían llevar tranquilidad y orientar a la sociedad.
Tal es el caso de la vocera presidencial, Gabriela Cerutti, quien desde su función denosta a adversarios políticos que critican al Gobierno, a la vez que se involucra en disputas inconducentes en las redes sociales.
La interna palaciega le costó la carrera a Antonio Aracre, ahora exjefe de Asesores de Alberto Fernández, quien habría elaborado un plan económico alternativo ante el fracaso de Massa en controlar la inflación y el valor del dólar. La disputa entre los funcionarios terminó con la renuncia de Aracre, pero mostró el grado de virulencia interna en el seno de un equipo que está conduciendo el país.
La oposición tampoco ayuda en este contexto con propuestas que deberían generar tranquilidad y previsibilidad ante el probable cambio de gobierno a partir de diciembre próximo. Algunas iniciativas –por caso, la liberación inmediata del cepo cambiario o el avance hacia una dolarización– carecen de una explicación fundada sobre su instrumentación e impacto en la vida económica.
No obstante, la responsabilidad primaria e ineludible corresponde al Gobierno nacional a la hora de aportar señales sensatas y concretas para revertir la crisis. La administración de Alberto Fernández debe reaccionar y adoptar las medidas necesarias para evitar el descalabro económico, que podría conducir a situaciones impensadas en la convivencia social y en la gobernabilidad.
Esta premisa básica no forma parte del ideario del Gobierno, sumergido, como se observa a diario, en la disputa interna, en la diatriba hacia los adversarios y en la exposición de un desconocimiento enorme de la realidad que soportan los argentinos.
