El presidente Alberto Fernández les confirmó a los gobernadores que, ante los reclamos y necesidades crecientes, el ingreso familiar de emergencia (IFE) se extenderá un mes más en todo el país.
Pero les previno que, como “es una herramienta de emergencia”, no va a durar para siempre.
Así, el Gobierno nacional, tras anunciar que la tercera cuota del IFE sólo estaría disponible para el Área Metropolitana y el Gran Chaco, pospuso el recorte al menos por un mes.
Fernández reconoció que el bono de 10 mil pesos ayuda a que millones de personas no caigan por debajo de la línea que mide la pobreza.
Un fuerte recorte del beneficio haría crecer de golpe dicho indicador, que ya antes de la emergencia sanitaria abarcaba a un tercio de la población.
Desde marzo, por efecto de la cuarentena, se perdieron cientos de miles de puestos de trabajo.
Y la flexibilización del aislamiento ha demostrado que el rebote de la economía no es inmediato.
Por lo tanto, la idea de recortar el IFE allí donde se ha permitido cierta actividad económica mínima, agravaría el cuadro.
Todo esto implica que la tensión que Fernández subestimó desde el comienzo de la cuarentena a mediados de marzo, entre economía y salud, sigue vigente: mientras rija el presente cuadro de excepción, el Estado debe asistir a quienes ven afectados gravemente sus ingresos.
Habrá que ir reduciendo dicha asistencia de modo paulatino –no bruscamente– a medida que se recuperan los niveles de actividad y se procede a adaptarse a la llamada “nueva normalidad”.
Sin dudas los subsidios presionan sobre las cuentas públicas y engrosan el déficit, pero representan un estímulo para que la gente cumpla con el aislamiento total o parcial.
El problema de fondo es la falta de un plan económico.
Antes de la pandemia, era preocupante que el Gobierno nacional hubiera asumido sin anunciar el programa integral con el cual revertiría la recesión y la crisis que afecta al país desde
Ahora, si la única herramienta para enfrentar el coronavirus es la cuarentena, la ausencia de un plan se ha vuelto un grave problema.
Sin crédito y sin ahorros, y con una merma en la recaudación, el aumento extraordinario de los gastos sólo se puede financiar con una emisión inusitada.
Ello representa un gran riesgo, de por sí. Pero suspender o cortar de golpe los planes de asistencia a los más necesitados también es un riesgo.
Antes de que sea tarde, el país necesita un plan económico respaldado por un amplio consenso político y social.
Los pasos dados por el presidente Alberto Fernández, en el sentido de convocar a las diferentes organizaciones empresarias para compartir con él las celebraciones del 9 de julio, más el diálogo con las bancadas opositoras del Congreso, van en el buen camino. No obstante, desde el interior del gobierno, hay quienes que, como la vicepresidenta, no ven con buenos ojos esos acercamientos. Y_eso es otra señal más de preocupación.
