Es de mucha trascendencia el reciente fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal determinando que Irán fue el país responsable del atentado contra la sede de la AMIA, en Buenos Aires, en julio de 1994. El tribunal, por otra parte, colocó a ese país en la categoría de Estado terrorista y autor de un delito de lesa humanidad, es decir imprescriptible.
Se trata de una sentencia histórica, que deja de lado la demora en años, por su aporte a la jurisprudencia y por lo que puede generar en materia judicial hacia el futuro. Por otra parte, como bien han indicado observadores, habrá un importante impacto mundial por el fallo.
El trabajo de los jueces de la Casación Penal llegó a su fin cuando los tres magistrados completaron la revisión de varias causas que estuvieron vinculadas con el terrible atentado. De ese modo se pudo dar la sentencia definitiva en la investigación concreta del ataque a la sede de la mutual judía y al denominado caso AMIA II, la que estuvo dirigida a las irregularidades cometidas por la pesquisa penal, que, entre otras cosas, se prestó para encubrir el trágico ataque.
Entra en consideración el muy cuestionado Memorando de Entendimiento con Irán que la Argentina, presidida en ese momento por Cristina Fernández de Kirchner, firmó abriendo un nuevo capítulo del escándalo. Aquel memorando pretendía, según el gobierno de entonces, avanzar en una investigación capaz de determinar si los funcionarios iraníes que se encontraban bajo sospecha tenían realmente responsabilidad en el atentado contra la AMIA.
Con dicho memorando jueces argentinos podían, vergonzosamente, interrogar en Irán a varios de los imputados en la causa. Llamativamente, todos ellos en ese momento ya eran ex funcionarios de su país y en algunos casos con trascendente trayectoria en la política.
Sin embargo, una minuciosa investigación obligó a cambiar la mirada sobre el caso y a confirmar muchas sospechas acumuladas a través de los años. Como fiscal especial de la causa AMIA, Alberto Nisman se enfocó en el país ahora declarado por la Casación Penal como de un Estado terrorista. Reunió suficiente evidencia para solicitar la captura internacional de cinco ex funcionarios iraníes. Cuando murió se encontraba a punto de exponer en el Congreso su investigación, que lo condujo a acusar a la entonces presidenta Fernández de Kirchner de responsable del encubrimiento de sospechosos de la comisión del atentado asesino a través de la firma del memorando en cuestión.
Tras la emisión de este reciente fallo condenatorio a Irán, el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, ponderó públicamente la figura del ex fiscal Nisman al indicar que “tenía muy claro el origen del atentado” contra la sede judía en Buenos Aires.
A partir de ahora, conocida la sentencia sobre el accionar iraní en nuestro territorio, se abren muchos interrogantes sobre las intenciones y posibles consecuencias de aquel pretendido entendimiento puesto en la mira por el extinto fiscal de la causa especial AMIA. Quedan más expuestas aún las autoridades argentinas responsables de suscribir aquel escrito cuya causa judicial es conocida como Pacto con Irán, iniciada a partir de la denuncia de Nisman.
Las impactantes conclusiones de este largo trámite judicial remedian claramente las falencias y conspiraciones que el proceso de investigación tuvo a lo largo de tres décadas. Y debe servir para que jueces y fiscales, en general, cumplan con el llamado a impartir libremente justicia, que es lo que la sociedad demanda y apoya.
