Los senadores nacionales tomaron una decisión con respecto a sus ingresos que repercute negativamente en la sociedad: desde mayo pasarán a cobrar más de seis millones de pesos mensuales en bruto.
Todo se consumó mediante una desatinada forma de presentar y votar el tema en el recinto de sesiones.
Los miembros del Senado aprobaron la suba de sus dietas en pocos minutos y sin fundamentación.
La resolución fue aprobada a mano alzada, con lo cual no queda claro quiénes se expresaron a favor y quiénes no, ya que cuando se recurre a ese tipo de votación se estila que quienes se oponen o deciden abstenerse deben expresarlo a la presidencia del cuerpo antes de que se realice la votación correspondiente.
En este caso todo conduce a asegurar que el proyecto fue acordado entre los bloques (oficialismo y oposición) en forma previa para actualizar los ingresos de los legisladores.
Ante la rápida repercusión que la votación tuvo en los medios periodísticos hubo reacciones de algunos legisladores pretendiendo explicar que muchos de ellos fueron ajenos a una decisión mayoritaria.
Es el caso de los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri, que indicaron que pedirían a las autoridades del Senado que el aumento no se les aplique en sus respectivas liquidaciones.
No se sabe si dicha variante es posible administrativamente.
El resultado de la votación generó un lógico revuelo en el ambiente político en general y hasta surgieron a través de las redes sociales fuertes controversias en las que también participó, como suele ser habitual en él, el presidente de la Nación, Javier Milei, que una vez más acusó a los que votaron a favor como exponentes de la casta dirigencial que él dice querer combatir.
Como en otras oportunidades, sobran datos de la realidad argentina para criticar esta desafortunada decisión.
El país atraviesa una crisis económica que seguirá exigiendo de la ciudadanía un esfuerzo muy especial.
Es la Argentina un país que desde hace muchos años no puede contener el avance de la pobreza y la marginalidad.
Los números estadísticos al respecto son muy elocuentes y por demás alarmantes.
Por eso lo que ocurrió en el Congreso es un episodio que aparece claramente a contramano en una Argentina empobrecida como consecuencia de decisiones políticas desacertadas a las que no escapan los integrantes del Congreso a través de los años.
Y las miradas se enfocan ahora en lo que puedan llegar a pedir o hacer los miembros de la Cámara de Diputados.
Si bien no ha sido ésta la primera vez que los ingresos de los legisladores nacionales generan una controversia política y un marcado repudio de la sociedad en general, en este caso los senadores de la Nación, tanto opositores como oficialistas, se encuentran ante la incómoda posición de tener que justificar una postura totalmente alejada del ejemplo que tiene que dar la dirigencia política ante la adversa situación económica vigente.
El criterio de austeridad en la función pública queda totalmente desvirtuado con decisiones como la observada, que llevan a pensar a muchos que, pese al esfuerzo que se requiere para atravesar el actual ajuste, nada cambió entre los que deciden por mandato popular.
