La frustrada negociación con el laboratorio internacional Pfizer por la provisión de vacunas contra el coronavirus ha colocado a la Argentina como participe de una controversia que debe ser esclarecida rápidamente.
Desde la conducción internacional del prestigioso laboratorio se sostuvo, y se sostiene, que los canales de dialogo con la Argentina para que llegara a nuestro país la vacuna contra el Covid-19 siempre se mantuvieron abiertos.
Entre otras razones, los líderes de Pfizer reiteraron el aporte que significó para el nuevo producto el ensayo que se realizó en nuestro país en el cual participaron varios miles de argentinos.
Se trató, concretamente, del ensayo clínico de la fase III de la vacuna para probar su eficacia y seguridad. Participaron entonces 4.500 voluntarios de este país y el liderazgo estuvo a cargo de otro argentino, el infectólogo Fernando Polack.
Sin embargo, el escándalo que se generó a partir de las denuncias de una dirigente de la oposición sobre un supuesto pedido de soborno, o dádivas, por parte de autoridades argentinas en el marco de las negociaciones para la compra de la vacuna, hecho rápida y contundentemente desmentido por el laboratorio, dio lugar a una suerte de revisión de todo lo actuado desde el inicio de las tratativas.
Incluso, apreciaciones efectuadas por las autoridades argentinas ante medios o a través de redes sociales, en vez de aclarar el caso solo aportaron más incertidumbre sobre el verdadero camino de las negociaciones. Hasta el presidente de la Nación y su ex ministro de Salud Ginés González García hablaron en la semana sembrando sólo más confusión.
En base a la información de medios periodísticos que trabajan no sobre supuestos, sino con el aporte de fuentes siempre confiables, Pfizer no le estableció a la Argentina ninguna condición para la contratación de venta de vacunas que resultasen diferentes con respecto a las de otros países de la región.
Sin embargo, jamás dejó de sorprender que el contrato con Pfizer haya sido el único que quedó fuera de las concreciones por vacunas que se firmaron con otros proveedores, como el Instituto Gamaleya, de Rusia, Oxford-AstraZeneca, el fondo global Covax, y el laboratorio chino Beijing (Sinopharm).
Además, hay que incluir la expectativa generada por el esperado inicio de producción local de la vacuna Sputnik VIDA.
Una denuncia tan grave como la efectuada por la diputada Patricia Bullrich, en un tema tan delicado y sensible, no debe quedar en la nebulosa ni por lentitud o negligencia de la Justicia ni por eventuales acuerdos políticos previos a cualquier instancia judicial que terminen diluyendo el fondo del caso.
Lo que sigue en juego es la salud de los argentinos ante el acecho del Covid-19.
Y en ese escenario, todo lo acordado en su momento con Pfizer no puede caer en el olvido por una negociación Estado-empresa que quedó trunca y dejó a la población sin una base de vacunación que por esa confusa relación no tuvo.
Y es por ello que ahora la Argentina debe salir a suplir con contratos de urgencia con otros referentes farmacéuticos internacionales el lamentado acuerdo, que probablemente le hubiera permitido al Gobierno tener una performance de vacunación mucho más rápida.
Son demasiados los errores y sospechas como para que no se profundice la investigación.
