El Consejo de la Magistratura es un organismo constitucional, regulado por una ley especial, que tiene como misión fundamental la nominación de los jueces nacionales y la evaluación de su desempeño.
Esta doble asignación obliga a sus integrantes a cumplir una tarea constante de selección y seguimiento del trabajo de los magistrados.
El pleno funcionamiento del Consejo de la Magistratura es fundamental para la calidad republicana, basada en la división de poderes y en el libre ejercicio de la administración de justicia.
Por eso la Constitución Nacional ha previsto que el organismo esté también integrado por legisladores, abogados de la matrícula federal, académicos y científicos.
La integración periódica de los miembros busca procurar el equilibrio entre la representación de los organismos políticos resultantes de la elección popular; son los miembros del Congreso, que resultan elegidos por la ciudadanía cada dos años.
Sin embargo, las responsabilidades encomendadas no siempre se cumplen como corresponde.
Según una reciente publicación periodística, en estos momentos hay unas 300 presentaciones realizadas contra jueces de distintos fueros que prácticamente no avanzaron en el Consejo de la Magistratura a pesar de haber sido presentadas, en promedio, hace más de tres años.
La ley que reglamenta el funcionamiento del Consejo de la Magistratura establece que un expediente debe caducar si a los tres años de formulada una denuncia el plenario del cuerpo no emite ninguna resolución.
Como consecuencia, el año pasado tuvieron vencimiento más de 40 denuncias.
Siempre en base a la información periodística citada, algunos integrantes del Consejo de la Magistratura que observan desde la política el lento ritmo del organismo opinan que resulta por demás urgente modificar el Reglamento de Acusación y Disciplina del cuerpo, además de la puesta en marcha de la digitalización de todo el proceso a partir del ingreso de la denuncia.
En cambio, con el ya vetusto sistema vigente llega a perderse el control de los expedientes, que “duermen”, muchas veces en forma intencional, en los escritorios del organismo.
Por el lado del Gobierno, el Ministerio de Justicia pretende que no sean archivadas las denuncias por plazos cumplidos sin tener previamente algún tipo de tratamiento.
Punto de vista razonable y en línea con las funciones que debe cumplir la Magistratura.
Son detalles que el Consejo de la Magistratura deberá ir corrigiendo sin mayores dilaciones.
Desde este mismo espacio, en su momento expresamos beneplácito por una lógica y necesaria reestructuración del organismo, que a mediados de 2022 logró poner fin a una suerte de parálisis de funcionamiento.
En aquella oportunidad se logró destrabar la tramitación de casos contra jueces denunciados.
Un claro ejemplo fue el del ex titular del Juzgado Federal N°1 de Mendoza, con competencia electoral, el doctor Walter Bento, que hasta ese momento se beneficiaba de artimañas que se amparaban en la traba de funcionamiento del Consejo.
Como reflexión final podemos señalar que quienes, amañadamente, no muestran voluntad para respetar los preceptos constitucionales que le dieron vida al organismo encargado de seleccionar, nominar y controlar a los jueces de la Nación no hacen otra cosa que prestarse a un manoseo institucional que rebaja la entidad republicana de nuestra democracia.
