Basándose en la mayoría parlamentaria que le otorga votos de una supuesta “oposición dialoguista”, el kirchnerismo logró la media sanción del proyecto de ley de los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller denominado Aporte Solidario Extraordinario, que consiste en aplicar, supuestamente por única vez, un nuevo gravamen, esta vez a los poseedores de grandes patrimonios.
En el marco de la parálisis económica y social impuesta por la pandemia de coronavirus, estos integrantes del más radicalizado sector del oficialismo lograron llevar al recinto de Diputados una iniciativa que lo único que logró es acentuar las diferencias partidarias en lo que respecta al manejo de la asistencia del Estado que ha venido realizando el gobierno de Alberto Fernández desde fines de marzo, cuando arrancó la cuarentena en el país.
El marco legislativo propiamente dicho, con una sesión maratónica y tumultuosa, y las movilizaciones partidarias, sindicales y de organizaciones sociales que enmarcaron la zona del Congreso de la Nación no hicieron más que desvirtuar la seriedad que hubiese necesitado el debate de una cuestión de tamaña envergadura.
Como parte de los sectores a los que apuntó el oficialismo, en general el empresariado argentino hizo advertencias que deberían haber sido tomadas en cuenta, como que provienen de quienes tienen más capacidad de producción y generación de trabajo.
Se plantea un carácter confiscatorio en la medida, puesto que grava nuevamente activos sobre los cuales ya se aplican otros impuestos.
Se añade desde los sectores empresarios que el impacto de la polémica medida tampoco impactará en las grandes fortunas a las que se dice apuntar desde el oficialismo, puesto que también se aplica un gravamen a activos que, además, están afectados a la producción.
Pocos días antes de morir trágicamente, el influyente banquero Jorge Brito había expresado, en declaraciones a un medio, que la iniciativa de los diputados del Frente de Todos “sólo creará una rebelión fiscal como nunca se ha visto y posiblemente no se cobre nada, o se cobre poco”.
Y aludió, en coincidencia con gran parte de la ciudadanía alcanzada por la propuesta, que esa imposición ya se aplica a quienes más tienen a través del impuesto a los bienes personales, que ya había sido objeto de una suba considerable de la tasa a comienzos de este año.
Esta situación obliga, por otra parte, a replantear una vez más a la necesidad de un redimensionamiento del Estado, en sintonía con el esfuerzo que ya realizó el sector privado para adaptarse a las complicadas circunstancias de la época.
Por eso esta legislación es interpretada por los privados como una nueva presión tributaria.
Por una u otra razón, el sector público del país nunca termina de encarar un acomodamiento a las distintas épocas, sin que ello suponga prescindir de puestos laborales, sino hacer más funcionales sus servicios a la par de los avances tecnológicos.
Lo más lamentable es que el disparatado abordaje que tuvo una iniciativa tan polémica no dejó más que nuevas heridas entre los sectores políticos dominantes y una profundización del malhumor social en línea con una grieta social que para muchos no es más que un redituable negocio político. Y la muy probable judicialización que seguirá a la sanción final del Senado será otra prueba de que muchos legislan sólo para la tribuna.
