Recientemente indicábamos desde este mismo espacio que la nueva conducción económica del gobierno nacional, a cargo de la ministra Silvina Batakis, no tuvo un arranque auspicioso por la tensión política imperante en el frente oficialista, lo que llevó a una demora en la designación de sus colaboradores, entre otros detalles.
También hubo en esos días de parte de la funcionaria una serie de comentarios en medios de comunicación que no llegaron a ser anuncios de medidas a tomar, pero que generaron intranquilidad en los mercados y dudas entre sectores empresariales.
Finalmente, el último lunes la nueva ministra dio a conocer una serie de medidas que no suponen un plan de gestión, pero que trazaron pautas sobre cuál es el sendero que pretendería recorrer la nueva conducción del Palacio de Hacienda. Básicamente, según lo que dijo la funcionaria, lo que busca su gestión es garantizar el equilibrio fiscal. En efecto, sobre el cumplimiento de lo acordado con el FMI fue muy clara en su apreciación: “Es un acuerdo que firmamos como Estado y tenemos que cumplir”.
Sin embargo, la presentación de medidas concretas por parte de la titular del Palacio de Hacienda de ningún modo acalló reclamos dentro del propio conglomerado oficialista. Prácticamente, las mismas voces que atacaban al anterior ministro de Economía, pero ahora mucho más decididas con respecto a la reacción.
Organizaciones sindicales, movimientos sociales y dirigentes con mucha incidencia en el Frente de Todos se expresaron en contra de los anuncios y pusieron en alerta a sus organizaciones, planteando un escenario de posibles movilizaciones y medidas de fuerza contra lo que consideran un ajuste a medida del acuerdo con el FMI.
Con dicho panorama, ahora cabe preguntar hasta qué punto se podrá extender la tregua política a la que habrían llegado el presidente de la Nación y su mentora y vicepresidenta, Cristina Kirchner, teniendo en cuenta el contexto de belicosidad que plantean sectores que, se sabe, están muy identificados con los preceptos a los que rinde culto el kirchnerismo extremo.
Todo esto confirma que la crítica situación económica que atraviesa el país tiene, en un altísimo porcentaje, un componente político al que se le debe prestar atención. Y las perspectivas no resultan del todo alentadoras: la incertidumbre que genera la Argentina en los actores económicos, tanto locales como internacionales, se vincula directamente con el problema principal que significa que el Gobierno no pueda consensuar internamente un rumbo. Y que otras fuerzas políticas con capacidad para gobernar en futuros periodos no cuenten, al menos hasta ahora, con un plan integral que exprese claramente un proyecto de país del corto al largo plazo.
Se trata de una tarea que deberán ir encarando los sectores de la oposición con aspiraciones y perspectivas favorables para ser gobierno a partir de diciembre de 2023. Nadie puede confiarse entre quienes conforman el mundo de la política partidaria, porque una buena parte de la ciudadanía argentina descree cada vez más de la idoneidad y honestidad de sus dirigentes y hasta llega a sospechar de la existencia de acuerdos sellados entre bambalinas, independientemente de las críticas y acusaciones que públicamente se dispensan actores de uno y otro lado de la grieta.
