En el gobierno nacional, incluyendo todos los ámbitos que se encuentran bajo su jurisdicción, insisten con vincular a los periodistas que informan sobre aspectos polémicos de la gestión con acciones supuestamente desestabilizadoras que únicamente ve el oficialismo.
En los últimos días, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, denunció penalmente a los periodistas Joaquín Morales Solá y Daniel Santoro y a sus medios, los diarios La Nación y Clarín, por la publicación de información basada en un pedido de informes efectuado por legisladores nacionales ante la posible comisión de delitos por parte de presuntos agentes de inteligencia. Concretamente, se trata de la posibilidad de funcionamiento de una denominada “mesa militar” de espionaje ilegal.
La reacción de las entidades que nuclean a los medios nacionales y a los profesionales del periodismo no se hizo esperar. La Asociación de Entidades Periodística Argentinas (Adepa) indicó que la utilización del sistema penal como forma de persecución a periodistas y medios de comunicación, por la difusión de información estatal, no puede ser concebida en plena vigencia de un sistema democrático. La amenaza penal, como la que sustenta denuncia, “constituye un fuerte incentivo a la autocensura”.
Por otra parte, el interés público y la actualidad que presenta la información difundida por los periodistas enmarcan, claramente, a la misma en lo que dispone la Constitución Nacional en sus artículos 14 y 32, en cuanto al derecho de publicar las ideas por la prensa sin censura previa y a la debida inexistencia de leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal.
Adepa cita antecedentes en tal sentido con históricos pronunciamientos en otros países, como el de la Suprema Corte de los Estados Unidos conocido como “Los papeles del Pentágono”, o más recientes emitidos en el ámbito de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que mediante declaración indicaron que bajo ninguna circunstancia los periodistas integrantes de medios de comunicación, o miembros de la sociedad civil que tengan acceso y difundan información reservada, por considerarla de interés público, pueden ser sometidos a sanciones ulteriores.
Por su parte, el foro de Periodismo Argentino (Fopea), también en rechazo a la denuncia hecha por Agustín Rossi, sostuvo que tanto la acusación como su justificación pública apuntan directamente al rol que le cabe al periodismo en una democracia. Con similar mirada se pronunció la Academia Nacional de Periodismo.
A partir de la medida cautelar de la Corte Suprema de la Nación que dispuso que la Nación restituyera recursos quitados en 2020 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin acuerdo previo, el Gobierno no sólo desacató el fallo, sino que encaró una embestida frontal contra los jueces supremos. En ese contexto, surge la sospecha de la citada acción de inteligencia con la difusión de conversaciones vía chat de dudosa legalidad, involucrando a jueces y también a funcionarios públicos de la oposición, concretamente del gobierno porteño.
Esa trama es la que analizan en sus respectivos artículos los periodistas ahora puestos en la mira por el kirchnerismo.
Delicado momento para la vida institucional del país. Los antecedentes expuestos exigen el mayor grado de compromiso de quienes forman parte de la vida pública y no comparten metodologías avasallantes.
