Una vez más los senadores nacionales coparon la escena política y fueron objeto, justificadamente, de serios reproches de la opinión pública por un nuevo y desacomodado aumento de sus ingresos mensuales, que llegaron a fijarse en 9 millones de pesos, aproximadamente.
A raíz del escándalo originado y del repudio presidencial, el cuerpo legislativo no tardó en modificar la medida tomada, dejándola sin efecto y anulando toda posibilidad de aumento de los sueldos por lo menos hasta fin de año.
Recién desde enero próximo volverá a tener vigencia el polémico mecanismo de actualización.
Debe aclararse que la llamada dieta de los senadores está atada a los aumentos que se otorgan al personal legislativo. En este caso el incremento fue de 6.6% para julio y agosto. Por ello los valores a cobrar siguen siendo muy altos.
Como hemos señalado en anteriores oportunidades por la misma controversia, sobran datos de la realidad argentina para criticar esta desafortunada decisión.
El país atraviesa una dolorosa crisis social. Desde hace muchos años no se puede contener el avance de la pobreza y la marginalidad. Los números estadísticos al respecto son muy elocuentes y alarmantes.
Por eso lo que ocurrió en el Congreso, una vez más, es un episodio que aparece claramente a contramano entre una población empobrecida como consecuencia de decisiones políticas desacertadas durante décadas, a las que no escapan los integrantes del Congreso a través de todos esos años.
Si bien no ha sido ésta la primera vez que los ingresos de los legisladores nacionales generan una controversia política y un marcado repudio de la sociedad en general, en este caso los senadores de la Nación, tanto opositores como oficialistas, se encontraron nuevamente ante la incómoda posición de tener que justificar una postura totalmente alejada del ejemplo que tiene que dar la dirigencia política ante la adversa situación económica vigente.
Y no se debe desconocer que esta lamentable situación pone en evidencia una notoria disociación entre los poderes del Estado.
Si bien el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial tienen a cargo la administración de los recursos presupuestarios que fijan anualmente en base a sus respectivas necesidades, no resulta coherente que 72 senadores pasen a cobrar en rápido trámite prácticamente el doble de lo que percibe el presidente de la Nación.
Cabe aclarar que el Ejecutivo Nacional tiene congelados sus sueldos desde la asunción del presidente Milei.
A ello hay que agregar el gasto que tiene el Legislativo (en este caso el Senado) en cuanto a asesores y otros colaboradores que cada senador contrata, en muchos casos sin otra razón que cumplir con favores políticos a costa del bolsillo de la gente, que sostiene parte de la estructura estatal con sus impuestos y otros esfuerzos.
Volvemos a indicar, por lo tanto, que el criterio de austeridad en la función pública debe primar entre quienes tienen la responsabilidad de legislar, porque han sido puestos en el lugar que ocupan por votación popular.
Les cabe la responsabilidad de dictar leyes y también frenar eventuales excesos en el uso del poder.
Lamentablemente, todo ello queda desvirtuado con decisiones como la observada, que básicamente contrasta con el esfuerzo del grueso de la ciudadanía para atravesar un año muy duro en lo económico.
Es muy poco -o nulo- el esfuerzo que hizo durante estos meses la “casta” política, según la calificara Milei, pese a que éste prometiera cargas las tintas sobre ella. El que sigue pagando prácticamente todos los sacrificios del ajuste es el ciudadano común.
